El 27 de junio el parlamento de Vitoria aprobó la convocatoria de un referendo en Vascongadas, para el próximo 25 de octubre. Todo ello de acuerdo con el “renovado” Plan Ibarreche y después de que el anterior fuese rechazado por las Cortes en febrero de 2005. Ibarreche pretende ahora que los vascos se pronuncien sobre un pacto político en el que todos los partido, sin ningún tipo de exclusión, inicien una negociación para alcanzar un acuerdo sobre el “derecho de autodeterminación de Euzkadi”, acuerdo que sería sometido a un nuevo referéndum antes de que finalice el año 2010.

Para conseguir el apoyo del parlamento de Vitoria, donde el tripartito vasco no tiene mayoría, el lehendakari –que fue elegido con el voto de los diputados del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV)–, se ha desvivido para obtener el apoyo del brazo político de la banda. Y, como en otras ocasiones, los pro-etarras han prestado lo justo, un voto adicional, que ha permitido a Ibarreche sacar adelante por los pelos su propuesta. Con ello evitan ser acusados por el mundo abertzale de torpedear un esfuerzo, por limitado que sea, hacia la autodeterminación y esperan capitalizar las contradicciones que estallen en el seno del PNV ante el previsible “no” de Madrid.

En suma, Ibarreche no sólo ha planteado un referendo contra la soberanía del pueblo español, sino que cuenta con las pistolas de ETA apuntando a la nuca de quienes no estén de acuerdo con él, lo que suma una cuota extra de cobardía e indignidad a su inextinguible odio a España. Éste es el “nacionalismo moderado” al que el PP de Rajoy quiere caer simpático.

El gobierno de Zapatero, por su parte, ha decidido recurrir el acuerdo del parlamento vasco ante el Tribunal Constitucional. Después, en cuestión de días, el Constitucional admitirá la impugnación a trámite, con lo que se producirá la suspensión automática del acuerdo, que se prolongará a lo largo de cinco meses, haciéndose imposible el referendo del próximo 25 de octubre. Tal como pretende Ibarreche. Y tal como ha manifestado el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quien ha sostenido reiteradamente que su partido jamás se opondrá a la legalidad y que si el Gobierno anula el acuerdo del Parlamento Vasco, no tendrá más remedio que aceptar la legalidad vigente.

Llegados a este punto, el paso siguiente de Ibarreche será la disolución del parlamento vasco y la convocatoria de elecciones en las que de nuevo esgrimirá como demanda central el “derecho de autodeterminación de Euzkadi”. Asistimos, por tanto, a una siniestra farsa con todos los visos de haber sido pactada con Zapatero. Ibarreche sabe perfectamente que no habrá referendo en octubre próximo. Pero su planteamiento, lejos de ser un “órdago secesionista”, se reduce a una martingala electoralista apoyada en la explotación del victimismo. Le permite galvanizar al conjunto del nacionalismo vasco, incluidos sus sectores radicalizados, y alzarlo contra el gobierno de España, que “prohíbe las consultas democráticas”.

En cuanto al PSOE, una de cal y otra de arena. Por un lado, anuncia su disposición a impedir el referendo por la vía judicial (después de haber despenalizado la convocatoria de referendos ilegales, con lo que las bravuconadas de Ibarreche le saldrán gratis). Por otro, Pachi López enarbola un plan alternativo de “construcción de la nación vasca”, con su correspondiente referendo pero, eso sí, pasando por las Cortes. Pocas dudas puede haber de que la pretensión del PSOE no es oponerse al nacionalismo antiespañol en Vascongadas, como no se han opuesto en Cataluña, sino asumir su dirección... Ahora, poniéndose la medalla de haber parado a Ibarreche.

Ibarreche y Pachi López compiten en pos de lo mismo. Gobernar un cortijo étnico-lingüístico vasco que se beneficie de todas las ventajas de la independencia sin soportar ninguna de sus servidumbres. El camino es un nuevo estatuto de autonomía que haga suyos todos los logros del estatuto catalán, una vez éste haya sido bendecido por el Tribunal Constitucional. Del estatut tomará el País Vasco el reconocimiento como nación y las relaciones de bilateralidad con el “Estado”, la consagración de la asimetría en el modelo autonómico, una justicia propia en la práctica, a más de múltiples herramientas para el aplastamiento y limpieza étnica de quienes se manifiesten como españoles en el seno de la arcadia euskalduna. Súmese a ello la potenciación del concierto económico del que ya goza. El resultado es un casi Estado, siendo el "casi" el pasaporte que garantiza a “Euzkadi” su presencia en la Unión Europea y en el euro, y lo que le permite mangonear en los asuntos de la detestada España en tanto que nadie allende las fronteras "nacionales" podrá meter las narices en sus podredumbre caciquil.

Esta situación es irreversible en el marco del vigente régimen. Ninguna reforma parcial del mismo puede contener su dinámica, pues el régimen incluye en sus consensos fundacionales, el pacto entre la Corona y el nacionalismo catalán y vasco. Ese régimen no sólo aloja como componentes legítimas a esas corrientes adversarias de toda idea de España, sino que las privilegia en el seno de una evolución confederal. La propia ETA, que podría haber sido borrada de la faz de la tierra desde hace décadas, ha servido como eficaz instrumento para acelerar esa evolución.

Mientras esta situación dure, tendremos que soportar farsas siniestras como las de Ibarreche y Pachi López, mientras que España se va reduciendo a escombros.

¡Abajo la monarquía y el Estado de las Autonomías!
¡República española única e indivisible, sin “nacionalidades”, “naciones”, “realidades nacionales” ni “Estados asociados” en su seno!
¡Fuera de la ley todos los partidos que, con pretextos lingüísticos y raciales quieren que volvamos a la Edad Media!