Es perentorio poner orden en esta problemática. Mientras no sea eficazmente regulada, los verdaderos paganos son los españoles y los extranjeros que llegaran cumpliendo con la ley, para quienes el empadronamiento debería ser el primero de sus nuevos derechos.
Recientemente, el ayuntamiento de Vic trajo a los medios de comunicación una cuestión, que a tenor de la crisis económica en la que estamos inmersos, tiene muchas posibilidades de convertirse en recurrente. Su equipo de gobierno municipal, formado por CiU, PSC y ERC, aprobó una normativa para impedir el empadronamiento de los extranjeros en situación administrativa ilegal.
Esta noticia saltó rápidamente a los medios de comunicación acompañada de una repentina atención de los mismos a Josep Anglada y su Plataforma per Catalunya. Éste, antiguo militante ultraderechista, creó hace siete años un partido populista anti-inmigración que ha ido implantándose en diversos municipios de la Cataluña rural hasta contar con diecisiete concejales. Concretamente, en Vic, es la segunda fuerza municipal con el 18,5% de los votos. Los medios periodísticos, además de publicitar su discurso, lo señalaron como el factor decisivo que explicaba el deseo del alcalde convergente de Vic de «poner orden» con esta medida.
Cabe destacar aquí que el avance de este populismo anti-inmigración se ha dado hasta ahora en un medio donde el nacionalismo catalán es la ideología hegemónica. Vic y su comarca, Osona, fue donde se registró la mayor participación de los referendos separatistas de diciembre. El discurso identitario anti-inmigración requiere de un sustrato social en el que germinar que se identifique con algún tipo de patriotismo: en este caso, catalán.
A raíz de esta decisión, también se supo de casos similares en otros municipios españoles que hasta entonces no habían merecido la atención “pública”. Como en Lepe, Torrejón de Ardoz o Alcarrás. En este municipio leridano, se ha sabido, que para empadronarse se exige desde hace años a los extranjeros no sólo tener el permiso de residencia sino, incluso, un contrato de trabajo. Desde el ayuntamiento, también controlado por el nacionalismo catalán, se ha justificado tal medida señalando que con una población extranjera superior al 20% –cifra que se dispara con ocasión de la campaña de recogida de la fruta por la llegada de temporeros– no tienen recursos económicos para dar respuesta a las necesidades que se plantean.
Razones
Es evidente que el desfondamiento financiero de los ayuntamientos como consecuencia de la crisis actual está haciendo insostenible los presupuestos de la mayoría. Y es que son las administraciones locales las que tienen que cargar con los costes económicos de los servicios sociales que prestan. Pero en Vic, la medida aprobada afectaría a sólo un 2% de los extranjeros residentes cuando la población extranjera supera el 24%. No es, ciertamente, ninguna solución al problema financiero.
Hay otra causa que ayuda a explicarlo mejor: el interés electoralista. La inicial actitud tibia y ambigua de las direcciones de CiU, PSC y ERC demostró que son conscientes del malestar existente en sus clientelas electorales. Esto es especialmente cierto en el caso de la facción conservadora del nacionalismo catalán, la predominante en la Cataluña rural. Así, como respuesta a las acusaciones de racismo y xenofobia que recibió el consistorio vigitense, más de 70 alcaldes y concejales de CiU de veinte comarcas catalanas, entre los que se encontraba el secretario de organización del partido de Durán Lleida, comparecieron para respaldar la decisión del ayuntamiento de Vic. Además, el hijo de Pujol–portavoz en el parlamento catalán– aseguró que «en Cataluña no cabe todo el mundo», mientras que el propio Durán Lleida argumentó en Madrid que tal decisión se ajustaba a la ley de extranjería.
De cara a las próximas elecciones autonómicas catalanas, las expectativas de participación electoral son cada día peores. El 59,2% de los votantes reconoce que la política les interesa poco o nada, la mitad no sabe siquiera qué partidos integran el tripartito y la insatisfacción con los políticos se ha disparado hasta el 29,1% en el último año. Con estos datos, el nacionalismo catalán (PSC, CiU, ERC, ICV…) busca reclamos para que sus rebaños acudan a las urnas. Unos y otros se lanzan a pescar votos entre la pequeña burguesía catalanista y la inmigración intranacional de primera y segunda generación. En sus estrategias para la Cataluña rural ya han incluido la cuestión de la inmigración y el malestar ante los colectivos extranjeros islámicos.
Un marco jurídico deliberadamente contradictorio
El ayuntamiento vicense solicitó informes jurídicos a la abogacía del Estado y a un bufete sobre la legalidad de su decisión. Sus resultados fueron divergentes ya que la normativa actual es contradictoria: resumiendo, mientras la ley de extranjería establece la expulsión de los extranjeros en situación ilegal, la de bases de régimen local obliga a empadronar a todos los residentes en un municipio independientemente de su situación administrativa.
Esta publicitada decisión mereció la consiguiente toma de posiciones tanto de Zapatero como de Rajoy. Mientras el Gobierno reaccionó drásticamente, Fernández de la Vega advirtió que los servicios legales del Estado intervendrían de manera inmediata por ser ilegal tal determinación, Rajoy destacó por un seguidismo punteado de oportunismo e hipocresía. La furibunda respuesta de los psocialistas es la lógica de quienes ni creen en España, ni en nuestra soberanía nacional, ni en los trabajadores españoles. Su razonamiento es simple: en tanto que “ciudadanos del mundo”, ¿quiénes somos nosotros para impedir que vengan a Expaña todos aquellos congéneres que lo deseen? Y cuantos más mejor, que así purgaremos nuestros pecados de explotadores imperialistas.
Rajoy acusó a los socialistas de demagogos por su actitud ante la inmigración y les instó a cambiar su «política suicida». Recordó los “papeles para todos” del ministro Caldera. Pero “olvidó” la regulación masiva que el gobierno de Aznar realizó en 2001 y como permitió que llegasen a continuación otro millón de extranjeros sin papeles; o que fue su partido el que creó la figura del arraigo con el consecuente efecto llamada. Al final, añadió más demagogia y patetismo al exigir la expulsión de los ilegales que delincan (algo que el Gobierno ha acelerado en los últimos meses por razones propagandísticas) y la garantía urbi et orbi del disfrute de la sanidad y educación en tanto que seres humanos (lo que ya se da).
Soluciones
Al final, tras el barullo, el ayuntamiento de Vic ha retirado su disposición y los medios de comunicación han denunciado que la legislación de extranjería vigente está, de nuevo, obsoleta. Todo esto cuando sólo hace unos meses que sufrió la enésima reforma por parte del Gobierno. ¿Se trata de una legislación deficiente? Seguro. Pero intencionadamente deficiente.
Tantas reformas en tan poco tiempo han desnudado la línea del régimen vigente: oponerse aparentemente a la entrada de ilegales –con puntuales repatriaciones simbólicas– para regularizarlos gradualmente mediante el arraigo y el empadronamiento. Todo ello dentro de una estrategia que combina el eje económico (desvalorización de la fuerza laboral nacional) como el político (electoralismo fundamentado en el nihilismo nacional de la mayoría de los expañoles).
Es perentorio poner orden en esta problemática. Mientras no sea eficazmente regulada, los verdaderos paganos son los españoles y los extranjeros que llegaran cumpliendo con la ley, para quienes el empadronamiento debería ser el primero de sus nuevos derechos.
Cualquier solución a esta problemática no pasa por las propuestas para parchear la legislación de quienes esconden la cabeza con demagogia, buenas palabras y aún mejores sentimientos humanitaristas. Y no pasa, desde luego, por la acción local y municipal cuando se trata de una cuestión de entidad nacional. Pasa por la oposición frontal al régimen juancarlista y por la construcción de la alternativa nacional-republicana, que hace de la defensa de la soberanía nacional el leitmotiv de su posición ante la llegada ilegal de extranjeros y la adecuación de los flujos inmigratorios a las condiciones socio-económicas.