Desde que empezó procés catalán, la ingeniería política, conjuntamente con la mediática, han estado proporcionando munición y cobertura a los secesionistas para que estos tuvieran razones para movilizar a sectores de masas descontentas.
Desde que empezó procés catalán, la ingeniería política, conjuntamente con la mediática, han estado proporcionando munición y cobertura a los secesionistas para que estos tuvieran razones para movilizar a sectores de masas descontentas y así poder seguir creando situaciones que favorecieran con exactitud los pasos de un guión pactado de antemano para llevar a cabo una “segunda transición” que haga posible sostener al actual régimen del 78 o darle una salida, además de reforzar el sometimiento de las masas a los intereses del gran capital. Para ello se tenía que promover las condiciones necesarias para que este movimiento demandara al unisonó “diálogo” (es decir, hacer el boca a boca e introducir el debate del consenso para resucitarlo).
Así pues, esta agit-prop sobre la necesidad de diálogo, tiene como misión anticiparse a la profunda crisis que estamos viviendo y que sin duda alguna profundizará aún más con el tiempo. Se trata pues de concitar la apertura de la Constitución para consensuar un modelo de estructura política más descentralizada todavía si cabe que el actual estado autonómico que satisfaga, de una parte, a las oligarquías periféricas en el reparto del poder y, a más largo plazo, propicie la Balcanización de España o, lo que es lo mismo, la disolución de esta como unidad política en aras de beneficiar a la UE y, más en concreto, a Alemania.
En estos días, también se ha dado la matraca desde todas las cajas de resonancia del gobierno y las instituciones del Régimen sobre la supremacía del Estado de Derecho y la separación de los poderes del Estado, pero la realidad es que hasta que el ejecutivo de Rajoy no ha puesto en marcha actuaciones como la aplicación del artículo 155 de la constitución, que ni la fiscalía ni ningún juez competente había emprendido, prácticamente, ninguna acción legal contra los delincuentes de la Generalidad y el Parlamento catalán cuando estaban obligados a hacerlo de oficio.
En este ínterin, vemos con descaro jugadas como la de la juez Lamela, pidiendo la extradición de los prófugos Puigdemont y sus muchachos, huidos de España sin que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o los servicios de inteligencia lo impidieran, basándose en la euroorden de detención y entrega en una acusación (corrupción) que no figuraba como delito en la denuncia cursada en España. Se necesita ser muy cándido como para creer que una “Jueza” ha cometido un error procesal de esta categoría o compelida a hacerlo al no contemplarse en el listado de eurodelitos los de rebeldía y sedición. Parece más bien que ha dado argumentos a la defensa de los delincuentes o a la justicia belga para evitar la inmediata expatriación y encarcelamiento del “gobierno en el exilio” en Bruselas de la republiqueta catalanista. Mientras, hemos visto atónitos como miembros del Gobierno del PP habían manifestando en los medios de comunicación que verían con agrado que el fugado Puigdemont se presentara a las elecciones convocadas por Rajoy en diciembre. ¡Vaya farsa!