La monarquía borbónica supone la negación de la igualdad ciudadana. Este elemental principio se ve, además, burlado por el trato de favor que se dispensa a sus miembros ante la justicia. La república que exige la supervivencia de la nación española se basa en dos postulados fundamentales: soberanía nacional e igualdad ciudadana.
El régimen juancarlista es un sumidero en el que desaguan las heces de todos sus niveles administrativos, políticos e institucionales: la corrupción emponzoña a concejales y alcaldes, cargos autonómicos, ministeriales y hasta la propia familia real.
Iñaki Urdangarín, duque de Palma, está imputado por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad documental. Con el caso Palma Arena se ha destapado una escandalosa trama que, pese a los desaforados intentos de plumillas a sueldo y cortesanos de toda laya por poner a salvo la corona, evidencia la grave crisis que atraviesa la monarquía y salpica de lleno a Juan Carlos I y a su familia.
El más elemental principio de igualdad ciudadana no sólo se ve burlado por la naturaleza misma de la institución monárquica, sino que queda patente de forma grotesca en el trato de favor que se pretende dispensar a sus miembros ante la justicia.
Recientemente, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha defendido la decisión del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro Aragón, de no grabar en vídeo la declaración del imputado Urdangarín. Justificaba tal decisión alegando que no se puede estigmatizar la imagen del duque y explicaba que «no todos los imputados son iguales». Y es que el prestigio de la monarquía pasa por una de sus horas más bajas. La desvinculación de la Casa Real de la defensa de Urdangarín, la exclusión de éste de los actos oficiales, los cortafuegos de la fiscalía anticorrupción y las declaraciones del propio Urdangarín insistiendo en que la infanta Cristina no tiene ninguna implicación en el caso son medidas encaminadas a salvaguardar la figura simbólica de Juan Carlos y la de su heredero, el príncipe Felipe, y a detener el proceso de descrédito y degradación de la institución. Ojo morado y tiritas inclusive.
Además, todo parece indicar que la infanta Cristina no será imputada, a pesar de que era vocal de la dirección del Instituto Nóos y copropietaria al 50% de la inmobiliaria Aizoon. Tampoco será imputado Carlos García Revenga, aunque fuese tesorero del mencionado instituto y secretario personal de las infantas Cristina y Elena, adscrito al servicio de la Casa Real. Y esto cuando Hacienda ha cifrado en más de 16 millones de euros los ingresos obtenidos a través del instituto Nóos, Aizoon y la trama de sociedades instrumentales incluida la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. En nueve años, con Urdangarín a la cabeza, el entramado se vio relacionado con las principales empresas del país, y casi el 40% de los ingresos salieron de las arcas públicas de los gobiernos autonómicos de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, en muchos casos sin que mediara procedimiento administrativo alguno conforme a la ley, librando fondos públicos en favor de las sociedades a las que representaba el duque consorte por el mero hecho de su parentesco real.
Tres días antes de la comparecencia judicial del yerno, en un acto acompañado entre otros del ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, el rey ha recordado que la Constitución otorga a los jueces y magistrados «en exclusiva» la atribución de juzgar. No deja de ser un llamamiento al vasallaje dirigido a los estamentos del régimen, los medios de comunicación y, en general, a la opinión pública. Los diques de contención, maquillajes, maniobras y gestos por parte del rey y de la Casa Real pretenden apuntalar el andamiaje que sostiene la corona. Una vez más, se presenta a sí misma como símbolo, garante y aglutinante de la integridad de España y de la democracia.
El ex fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, ha declarado que «hay disposiciones específicas que afectan al rey y a su heredero pero no a otros miembros de la Casa Real». Sin embargo, la realidad es que ni todos los imputados son iguales ni todos los españoles son iguales. Además de recibir el permiso excepcional de llegar hasta la puerta del juzgado en coche por petición de la Casa Real, estaba previsto un despliegue de 150 funcionarios altamente especializados del Cuerpo Nacional de Policía en el recinto judicial y en las inmediaciones. No en vano, Urdangarín tiene nivel de seguridad 1, el mismo que el rey.
La monarquía borbónica restaurada por Franco como forma de Estado y parapetada en la Constitución del 78, supone la negación de la igualdad ciudadana. Así, según los artículos 56 y 64 de la carta magna, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad» y «de los actos del Rey serán responsables las personas que lo refrenden». Asentada en un pacto de hierro con el nacionalismo antiespañol, integra una oligarquía financiera, de viejos oligopolios y de los nuevos forjados al calor de pelotazos y privatizaciones.
La República que preconiza el PNR como condición para la supervivencia de la nación española se basa en dos postulados fundamentales: soberanía nacional e igualdad ciudadana. El artículo 1º de nuestro Programa reza «República española única e indivisible. La soberanía nacional residirá en el conjunto del pueblo español: ningún territorio, grupo o individuo podrá usurpar facultades inherentes a su ejercicio. Igualdad de los españoles ante la ley y en cuanto a condiciones sociales de desarrollo, con independencia de la región en que hayan nacido».
¡Abajo la monarquía!
¡Por la Tercera República de españoles libres e iguales!