La burguesía catalana ha fracasado históricamente en todos sus intentos de erigirse hegemónica en España. Resentida, ha medrado durante más de un cuarto de siglo al amparo de una nefasta Constitución que les reconoce como “nacionalidad”. Durante ese periodo han ido levantando su cortijo. Hoy, gracias al Estatut de Rodríguez van a poder inaugurarlo. Para ello Cataluña se conforma definitivamente como nación “identitaria”, enhebrada en torno al catalán como idioma obligatorio, con persecución del español y discriminación de los castellanohablantes como ciudadanos de segunda. Imponen además, la negación sistemática de libertades de expresión a quien se oponga a los designios de la oligarquía separatista, un régimen de control inquisitorial en las administraciones públicas y de delación en los centros de enseñanza.
Para poder sostener económicamente su cortijo practican el proteccionismo y el atraco al resto del “Estado”, con fractura total de la igualdad ciudadana:
- Blindaje de competencias decisivas –entre ellas las relativas a inmigración– y bilateralidad en múltiples materias: «tú a tú con Madrid» (Mas).
- Financiación pública privilegiada y garantizada por siete años para Cataluña, a costa de las inversiones en toda España. Será equivalente al peso económico de Cataluña en el PIB de España (18,5%). Criterio confederal en lo político y ultraliberal en lo económico. Supone el reconocimiento de la independencia de Cataluña en el ámbito de la inversión pública, abriendo una perspectiva de desaparición de proyectos de inversión nacional española por falta de recursos.
- Al mismo tiempo, compensación de una pretendida “deuda histórica”, cifrada en unos 3.000 millones de euros, que deberá saldarse en los próximos siete años. Supone casi la mitad de las transferencias que Rodríguez ha conseguido de la Unión Europea para toda España. No cabe mayor reconocimiento de Cataluña como nación y mayor expolio y provocación para el conjunto de los españoles. En definitiva, ¿quién ha cifrado la “deuda histórica” que ha implicado la explotación durante décadas de millones de de trabajadores andaluces, murcianos, aragoneses, castellanos en aras del beneficio de la burguesía catalana?
- Cesión fiscal del Estado que ascenderá al 50% del IRPF, al 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y carburantes). Y esto es sólo un adelanto. Esta cesta de impuestos se podrá revisar cada cinco años mediante acuerdos bilaterales, sin necesidad de nueva reforma estatutaria. Y en dos años, Agencia tributaria propia. Criterios monstruosos: se territorializa “nacionalmente” en Cataluña parte de un impuesto, el IRPF, que nos grava como ciudadanos españoles; se adjudica a Cataluña la mitad del IVA cobrado por la venta de productos catalanes que en su mayor parte tiene lugar fuera de Cataluña… Si estos criterios se generalizan, las regiones con menos recursos serán cada vez más pobres.
- Se añade a todo ello que con la caza de Endesa, se pone en manos de la Caixa –el próximo banco nacional de Cataluña– el control del sector energético español.
Cuentan estos despreciables caciques con un formidable aliado, el Ejecutivo de Rodríguez, que con tanto desmán se emplea a fondo en la cacicada: no podría explicarse la pujanza de las burguesías periféricas, sin el concurso del PSOE en el Gobierno.
Ante esta gravísima situación, si no queremos ver España disgregada en 17 cortijos domeñados por burguesías explotadoras de trabajadores, el único camino de resistencia española pasa por la acción masiva en la calle, y los centros de trabajo, mediante concentraciones, manifestaciones, huelgas y el boicot a las empresas separatistas y trinconas. Todo ello debe culminar con la victoria patriótica del mundo del Trabajo en la República Española.