Al grito de “maricón el último”, los barones del PP se han subido al carro de las reformas estatutarias. Antes que optar por cerrar el paso a la movida de los social-separatistas que lidera Zapatero, las oligarquías regionales del PP, a iniciativa propia, han instado procesos de reforma estatutaria, caso de Valencia, Baleares y Castilla y León. Allí donde las reformas son promovidas por otros, como ha ocurrido en Cataluña y Andalucia, el PP se acaba sumando a los debates estatutarios. Antes que todo se vaya al garete, piensan los oligarcas peperos, hay que pillar cacho. La inclusión en los nuevos estatutos de las comunidades gobernadas por el PP de “cláusulas de arrastre”, que permiten incorporar las competencias que cualquier otra comunidad autónoma arrebate al estado; agencias tributarias propias y definiciones para sí próximas a la de nación, así como la participación en las reformas de estatutos propiciadas por el PSOE, despojan de coherencia el discurso del PP sobre la unidad de España. Pero lo peor es que legitiman el proyecto del PRISOE de convertir España en monarquía plurinacional.
La última reforma es la del Estatut andaluz, que define a esa región de España como “realidad nacional”. Con el “consenso” del PP de Arenas, el bodrio del presidente Chaves ha salido adelante. Rajoy se ha convertido en su máximo valedor. Ardientemente lo defiende como suyo al afirmar que es el estatuto que trae «orden, razón y constitución», y minimiza lo de realidad nacional a mero “adorno estético”. Prácticamente, es el mismo ornamento de mal gusto que acompaña a la definición estatutaria de Cataluña, pieza maestra de la disolución de España. Idéntico horizonte de reformas se vislumbra para otras posibles “realidades nacionales” como Castilla-La Mancha qujotesca, Galicia la sueva y Canarias la guanche. Con estos precedentes “nacionales” ¿cómo va el PP a plantar cara a la reforma del estatuto vasco?
Las motivaciones que podrían subyacer en la actitud del PP ante los procesos de reforma nos permiten formular tres hipótesis: la primera, la más piadosa y benigna: Rajoy, y no Rodríguez Zapatero, es el auténtico Bobo Solemne de nuestro país y, sin darse cuenta, le hace el juego a la alianza social-separatista. La segunda, la tremenda, es que Rajoy, tácitamente, apoya la remodelación fraudulenta del Estado que acomete el gobierno de los trenes. La tercera, la sintética, conciliaría las dos anteriores en una sola: Rajoy, además de imbécil, es cómplice del plan de desintegración de España.
Creemos que la hipótesis más probable es la tercera. La dirección del PP sobrepasada por los acontecimientos, y tras haber incurrido en una sucesión de errores estratégicos –iniciar la reforma del estatuto valenciano, no oponerse de frente a la catalana–, acepta la voladura controlada de España. Por ello, entre sus compadres regionales se extiende la consabida consigna. Con el permiso de Rajoy, los sátrapas del PP, al igual que los separatistas periféricos, ya pueden aspirar a ser emires de taifas.
Pobre España, asolada por los pajes y mayordomos del sombrío reinado de Juan Carlos.
¡Hacia