El 20-N, plebiscito del régimen

El régimen juancarlista vuelve a convocar a las urnas a los expañoles porque cada cuatro años toca elecciones generales. Las encuestas indican que al periodo de gobierno del PSOE que ahora acaba le sucederá otro del PP. Todo está decidido. El mismo régimen partitocrático convocante es el único que puede vencer. Sus dos fracciones vertebradoras –PP y PSOE– simulan una contienda electoral que finalizará con el cambio de turno, mera alternancia. El régimen, en definitiva, se plebiscita a sí mismo en un momento de brutal crisis.

Ante la situación de extrema gravedad que asola Expaña, el régimen presenta estas elecciones generales como la oportunidad que ofrece a los expañoles para que elijan un parlamento salvador. Busca legitimarse con su participación. Busca la complicidad de la sociedad en su hoja de ruta hacia el abismo. Frente a esta pretensión, el Partido Nacional Republicano llama a los españoles a no participar, a evidenciar su rechazo, a manifestar su desprecio, convoca a la rebelión nacional. ¡Hay que acabar con el régimen!

Con estas escenificaciones electorales, el régimen embauca a una sociedad temerosa del presente y desentendida del imperativo de lucha. Una masa de individuos que agradece que sus obligaciones cívicas queden reducidas a visitar las mesas electorales cuando les convocan los políticos de la monarquía. Todos éstos –la izquierda y la derecha, el centro y la periferia del juancarlismo– coinciden en equiparar, como sinónimos, electoralismo y democracia. Frente a una mayoría de expañoles moldeada a conciencia en el desconocimiento de los fundamentos del ideal democrático, el régimen difunde machaconamente desde sus tribunas mediáticas que acudir el próximo 20 de noviembre a las urnas es la máxima expresión democrática posible y la más perfecta manifestación de participación política ciudadana, cuando no la única legítima. Lo democrático sólo puede ser refrendar el sistema, nunca afrontarlo.

A la fase de capitalismo monopolista en la que nos encontramos le corresponde un modelo político oligárquico de partidos, una partitocracia. La evolución de los sistemas políticos liberales va de la mano de la evolución del sistema económico capitalista. De la «libre concurrencia» se pasa al oligopolio tanto en lo económico como en lo político. Es un proceso que no tiene marcha atrás por sí mismo.

Elecciones generales para elegir un parlamento –cámara legislativa del sistema partitocrático–que actúa de parapeto del régimen ante las demandas democráticas de los españoles. Porque en él, y a despecho de lo que debe ser una asamblea nacional, se reúnen los representantes de la partitocracia, no de la ciudadanía. No expresa la voluntad soberana de los españoles sino la hegemonía de los intereses de la oligarquía juancarlista y el medro de sus sirvientes políticos. Su función legislativa queda reducida a transacciones y componendas entre las diferentes burguesías regionales, siempre en detrimento del pueblo trabajador. Sus miembros no tienen reparos en atribuirse sueldazos y dietas, jubilaciones y compensaciones privilegiadas, regalos y dádivas espléndidas ante los ojos atónitos de millones de españoles empujados a la pobreza y la desesperación.

El parlamentarismo, la creencia de que el parlamento liberal-capitalista es la expresión genuina del principio democrático de soberanía nacional, se sustenta en los deseos de igualdad y la aspiración de participación ciudadana de los españoles. Se aprovecha de la intuición democrática de los ciudadanos. Pero se convierte en una trampa pantanosa en la que perecen los deseos de libertad, igualdad y justicia de la nación. El parlamentarismo, en definitiva, es una herramienta al servicio de la hegemonía del gran capital que es afirmado con cada teatralización electoral.

La reciente reforma de la ley electoral, legitimada por el Tribunal Constitucional, ha tenido como consecuencia la expulsión del circuito electoral de grupúsculos que con su anecdótica presencia en el pasado reforzaban el paripé de “pluralidad democrática” del régimen. El requerimiento de avales en la presentación de candidaturas ha servido a los excluidos para descalificar al régimen como antidemocrático. Con ello han demostrado hasta que punto han hecho suya la mentira liberal-capitalista sobre la identificación entre electoralismo y democracia. Con su consiguiente pataleta en forma de llamamiento a la abstención, al voto en blanco, al voto nulo, al voto antippsoe… certifican su pasada complicidad con el juancarlismo, su plena colaboración pese a los mil discursos justificativos de su actitud política. Es cierta la caracterización del régimen como antidemocrático pero no por esta razón, no porque ahora niegue la concurrencia electoral a algunos.

El régimen juancarlista, fundamentado sobre los principios liberales, reduce democracia a estado de derecho, o lo que es lo mismo, concurrencia de los individuos de una sociedad en los procedimientos electorales ajustándose a las «reglas del juego» (sometimiento al ordenamiento jurídico y ausencia de violencia). Por eso que la única exigencia del régimen a ETA sea el abandono de las armas para ser aceptada con los brazos abiertos en la “democracia” juancarlista.

La democracia –el gobierno de los ciudadanos– se asienta en el principio de homogeneidad nacional. Sólo es posible cuando la nación, la comunidad de ciudadanos, es homogénea en lo político y en lo social. Es decir, que todos sus miembros comparten la misma identificación nacional y sus valores fundacionales, y que comparten una semejanza socioeconómica –sin lugar para las grandes desigualdades– como consecuencia de la igualdad de oportunidades.

El carácter antidemocrático del régimen juancarlista es evidente desde el momento que ampara a antiespañoles y los incorpora a sus instituciones más representativas –como el parlamento– junto a quienes defendiesen a la nación española, y en tanto que es expresión de la hegemonía de la oligarquía socioeconómica y las clases afines frente al pueblo trabajador.

Sin nación no puede haber democracia. Ésta descansa sobre dos principios fundamentales: la concordancia entre voluntad general y ley; y la máxima identificación e interacción entre gobernantes y gobernados. Sin homogeneidad nacional estos pilares se derrumban.

¡Contra el régimen!
¡Abstención activa!
¡Hacia la Rebelión Nacional!