Al calor de la crisis y justificándolos con los recortes presupuestarios se están dando los primeros pasos tendentes al desmantelamiento de la Educación estatal en beneficio del capital privado. La defensa de la misma pasa por el fin del régimen juancarlista y del sistema socioeconómico que lo sustenta.
Los recortes que diversos gobiernitos autonómicos han aplicado recientemente a sus presupuestos en Educación han provocado la movilización de los profesionales de la Enseñanza pública obligatoria. En la Comunidad de Madrid, donde el recorte presupuestario viene de atrás, es donde esta movilización es más contundente y donde ha recabado mayor apoyo de los padres de los estudiantes. Se han realizado y se siguen convocando jornadas de huelga y lucha en Madrid, Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha.
Esta respuesta encabezada por los docentes presenta, por ahora, la impronta de una reacción por motivos laborales. Aunque se habla de ataque al sistema de enseñanza público, los sindicatos del régimen circunscriben su batería de respuestas a la retirada de dichos recortes y al mantenimiento de las condiciones anteriores. Es una actitud que responde a la modificación de las condiciones de trabajo de los docentes titulares y al despido de miles de docentes interinos. Aunque Aguirre, Cospedal, Barcina o Feijóo lo justifiquen por la crisis, el Partido Nacional Republicano denuncia que lo que se está dando son los primeros pasos tendentes al desmantelamiento de la Educación estatal en beneficio del capital privado.
Chile en el horizonte
Desde hace meses, los estudiantes chilenos lideran un movimiento de protesta contra el régimen de aquel país: rechazan el sistema educativo existente, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Durante la misma, el Estado chileno cedió su monopolio en lo referente a la Educación en favor de las empresas privadas de tal manera que en la actualidad, sólo el 25% de ese sistema educativo es financiado por el Estado dependiendo el 75% restante de los propios estudiantes mediante préstamos. Y es que el gobierno pinochetista desarrolló una ortodoxa política liberal alabada hoy en día por los voceros del liberalismo patrio.
Todo comenzó en 1981, cuando la Educación obligatoria (primaria y secundaria) fue “descentralizada” y traspasada del ministerio a la administración local, a los ayuntamientos ya que no existen allí comunidades autonómicas. Al mismo tiempo, la Educación privada vivió un importante crecimiento gracias a las subvenciones y financiación estatal (el equivalente a la Educación concertada de nuestro país). Si en 1990 la Educación pública acogía al 58,4% de los estudiantes, en la actualidad acoge al 43,5%. Mientras los establecimientos educativos privados se han duplicado entre 1990 y 2009, los públicos han disminuido de 6.286 a 5.829. Esto tuvo un fuerte impacto en la calidad de la Enseñanza: según la OCDE, la chilena es una de las que peores resultados obtiene. Y al final, la Educación obligatoria sólo es gratuita en primaria.
Como consecuencia de esta “liberalización” del sector educativo, según la OCDE, sólo Estados Unidos supera a Chile en la cantidad de dinero que los estudiantes tienen que gastar para costear su educación. Porque si bien entre 1990 y 2008 el gasto total en Educación ha pasado del 3,9% al 6,9% del PIB, el gasto del Estado sólo ha crecido del 1,5% al 2,7%, asumiendo lo restante los propios estudiantes. Es un sistema que endeuda a las familias chilenas de clase media y baja en mayor o menor medida según el nivel de estudios que sus hijos alcancen.
Es evidente que no se trata de una cuestión de presupuesto sino que obedece a principios ideológicos. Es el rampante liberalismo al que se adscriben conservadores y progresistas. Ahora es el conservador Piñera quien hace frente a la movilización estudiantil pero ninguno de sus antecedentes progresistas rectificó el modelo educativo liberal-pinochetista. Cuando su predecesora, la socialista Michele Bachelet, sufrió las protestas de los estudiantes de secundaria en 2006 se aprobó una nueva ley que no ha aportado cambios sustanciales al modelo existente.
La hoja de ruta del régimen en Educación
El ejemplo chileno ilustra el horizonte de la Educación pública expañola. Lo que mueve a la fracción conservadora del régimen monárquico es el desmantelamiento de la Educación estatal. La más sincera al respecto es Esperanza Aguirre con sus continuas declaraciones públicas. No lo oculta. Frente a esta fracción, la demagogia de la progresista, empeñada en sacar pecho en la defensa de un modelo educativo fracasado en el que vive cómodamente instalada.
La justificación aducida por el ariete del liberalismo es que el modelo educativo no funciona y no hay dinero para el mismo. Esgrime para ello las cuentas públicas y los malos resultados que el sistema educativo expañol suele obtener en los periódicos informes de las organizaciones internacionales. Se apoyan en los estudios que afirman que un aumento en gasto educativo no conlleva directamente mejores resultados. Obvio. El dinero se puede malgastar. Pero no es menos cierto que los Estados que dedican más recursos económicos a su sistema educativo disfrutan de los mejores resultados. Expaña sigue invirtiendo menos que la media de los países de la OCDE o de la Unión Europea, no digamos con los países más ricos de Europa.
Los malos resultados que obtiene el sistema educativo expañol, así como los elevados índices de fracaso o abandono escolar, se deben principalmente a los valores y principios imperantes en la sociedad expañola. Cualquier mejora del nivel educativo de los expañoles pasa por reconstruir el sistema sobre valores muy diferentes a los existentes –individualismo, nihilismo, relativismo, hedonismo…– no por abandonar esta responsabilidad clave del Estado en manos del capitalismo voraz.
La relación entre desarrollo económico y nivel de formación y capacitación laboral es evidente. El salto adelante en innovación e investigación tecnológica que la economía expañola necesita es un imperativo. Según un organismo de la UE, el porcentaje de empleos que requieren cualificaciones de alto nivel subirá hasta el 35% en 2020, seis puntos más que ahora, y hasta el 50% los de cualificaciones medias. Pero no sólo es rentable la inversión estatal en Educación desde un punto estrictamente económico. La Educación cívica de los futuros ciudadanos es una responsabilidad que el Estado no puede delegar en nadie.
La inicial respuesta de los profesionales de la Enseñanza estatal debe superar el marco de la mera reivindicación laboral o la de la defensa de un modelo fracasado. Debe redimensionarse sobre la denuncia presente para exigir la impugnación del régimen juancarlista y del sistema socioeconómico sobre el que se sustenta. Mientras la lucha se limite a defender el sistema existente, la privatización de la Educación española continuará adelante. Es lo que pasa cuando el Estado está controlado por quienes quieren destruirlo (la fracción conservadora) o por quienes quieren hacerlo sectariamente suyo para vivir de él (la fracción progresista). Es necesario tomar conciencia de los objetivos últimos del rampante liberalismo y vincular el fin de la monarquía de los banqueros con el mantenimiento de un Estado soberano en la formación de los futuros ciudadanos de la Nación.