El estatus del reinito de Expaña ha descendido varios peldaños: de protectorado ha pasado a ser una colonia de Eurolandia. No son los “mercados” las que imponen sus dictados, sino Alemania a través de la UE. Con o sin reforma constitucional, con o sin referendo, la deuda no es de los trabajadores españoles.
La cumbre franco-alemana de agosto ha revelado que el estatus del reinito de Expaña, junto a la calificación de su deuda soberana, ha descendido varios peldaños: de protectorado ha pasado a ser una colonia de Eurolandia. Y, a las claras, también pone en evidencia que la matraca sobre la «gobernanza europea» y otras ensoñaciones europeístas tienen como función justificar la férula del eje París-Berlín sobre los estados periféricos de la UE, mediante planes de purga y resarcimiento de la deuda.
El PPSOE y los grandes aparatos sindicales, prestos, han cumplido como fieles ordenanzas con las instrucciones de Merkel y el BCE. Apenas transcurrida una semana desde la celebración de la reunión entre la canciller alemana y el presidente francés, en la que ambos dignatarios acordaron bilateralmente que los 17 estados miembros de la eurozona debían recoger en sus respectivas cartas magnas disposiciones para frenar el déficit y la deuda pública, el gobierno de Rodríguez Zapatero, secundado por la “oposición”, anunciaba la reforma de la constitución para dar cumplida satisfacción a las demandas del “corazón de Europa”.
Merkel ha felicitado a Zapatero y Sarkozy ha elogiado a los dos grandes partidos por acometer la “patriótica” reforma por encima de sus intereses facciosos. Son los parabienes que los jefes dispensan a sus lugartenientes. Sin máscaras y tapujos, el partido único del régimen ha cerrado filas para formar de facto un gobierno de concentración nacional –tal y como jaleaba el rey desde Mallorca– y sacar adelante la revisión de la norma fundamental por la que dicen regirse.
Asimismo, de forma inmediata, UGT y CCOO han establecido contactos con la patronal para prorrogar el pacto de moderación salarial hasta 2014, a la par que han mirado hacia otro lado con las reformas laborales aprobadas por el ejecutivo. Debe asumirse que las críticas de Méndez y Toxo a la reforma constitucional son pura farfolla cara a la galería.
Ha trascendido la supuesta existencia de una carta del BCE dirigida al gobierno, tras el mini-rescate encubierto que aquel organismo europeo realizó a principios del pasado mes con la compra de deuda española, en la que, al parecer, se “recomienda” la adopción de una serie de medidas, entre las cuales, podría encuadrarse esta apresurada negociación de los sindicatos, previa reunión de sus gerifaltes con Zapatero; la reforma laboral que bendice el contrato de precarización indefinida mediante el encadenamiento de contratos temporales y el de formación para bisoños treintañeros; la rebaja de IVA para incentivar la salida al mercado del impresionante parque de viviendas en manos de la banca; así como el ampliación de las garantías que España aporta al Fondo de Europeo de Estabilidad en 92.543,56 millones de euros. Esto es, un 72% más que España adelanta a cuenta de su eventual rescate. Todo responde a un toque a rebato: el diferencial de la prima de riesgo de la deuda española no sale del umbral de los 300 puntos y las previsiones de crecimiento para 2011 y 2012 han sido rebajadas.
Se argumenta por parte de los voceros de la reforma que la fijación de un límite constitucional al déficit tranquiliza a los “mercados” y que sin ponerle coto, se añade, el crecimiento económico es inviable. Rubalcaba, ha afirmado que «el déficit continuado es dinamita para el Estado del bienestar». Es un discurso que trata de aplacar a las banderías del PSOE, revueltas con la medida y a sus bases de izquierda. Y Rajoy ha querido apuntarse un tanto recordando que la propuesta de consagrar constitucionalmente el techo al déficit la planteó él hace un año. En la órbita del PP, liberal-libertarios y liberal-conservadores no sólo se alborozan con las hazañas del imperialismo yanqui-sionista, sino que además aplauden rabiosamente que el imperialismo alemán nos meta en vereda y reprochan que al final no se haya grabado en mármol la cifra de límite porcentual, 0,48% de déficit en relación al PIB, sino a través de una mudable ley orgánica.
A tenor de la nueva redacción del artículo 135 de la constitución, se dará prioridad al pago del capital y los intereses de la deuda pública con carácter preferente. Lo cual, de manera invariable, supondrá una dinámica de drásticos recortes presupuestarios y el vaciamiento de prestaciones y servicios que las administraciones públicas dispensan a los ciudadanos.
El debate suscitado en la teórica sede de la soberanía popular da muestra de una suerte de folclorismo pluralista propio de sainete: IU, a la deriva, aprovecha el trámite de la reforma para hacer gala de su republicanismo in pectore desde las mismas tribunas del régimen monárquico del que forma parte. El nacional-secesionismo burgués de Cataluña y el País vasco, reclama autonomía fiscal, autodeterminación y foralidad. Los aspirantes a bisagra de UPyD, la celebración de un referendo para dar apariencia democrática a la imposición europea.
Por supuesto, no ha sido cuestionado el agujero abismal que, de manera estructural, representa para las cuentas públicas el sostenimiento del tinglado autonómico y el infra-municipalismo, en cuyas manos está el 70% del gasto público, así como el mantenimiento del derroche de la partitocracia y sus clientelas. Basta con invocar el principio de disciplina presupuestaria, que es un brindis al sol.
Pero el círculo vicioso del déficit, gasto y deuda pública es en buena medida consecuencia de la deuda privada contraída en su día con las finanzas europeas por los bancos y cajas del juancarlismo para engordar el fabuloso negocio del ladrillo. La deuda pública que retroalimenta el déficit procede de los capazos de millones de euros a cuenta del contribuyente destinados por el régimen a enjugar el sistema financiero en apuros, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Para rizar el rizo, las entidades de crédito y cajas de ahorro, acudieron con la ayuda pública al mercado interbancario europeo, subvencionado por el BCE, para comprar a un irrisorio 1% los euritos con los que, a su vez, obtuvieron refinanciación mediante la adquisición de bonos del estado, esto es deuda pública, cuya remuneración era superior al coste del precio del dinero. Nuevamente, con cargo al bolsillo del contribuyente que es quien paga los intereses de la deuda pública transferidos al sector bancario.
Con ello, la espiral de deuda global española, fundamentalmente engrosada por deuda privada, ha devenido en el dogal con el que imperialismo centro-europeo pretende someter y expoliar a España y al resto de los denostados como PIIGS. Desde el partido de la canciller alemana, la CDU, se defiende sin rubor el colonialismo: los países de la UE que quieran acceder a ayudas deberían avalarlas con sus reservas de oro y los títulos de sus empresas públicas.
Alemania con un golpe de timón ha recordado urbi et orbi que es la nación que corta el bacalao en la UE. Sus desavenencias con el BCE respecto al rescate griego; las subsiguientes turbulencias desatadas, con la credibilidad del euro en entredicho y la crisis de deuda soberana que afecta a varios estados miembros, han servido de pretexto para articular en torno al eje franco-alemán, la «gobernanza europea», el supra-gobierno económico europeo, mero trasunto del imperialismo germano que tiene al socio francés de comparsa.
El ingreso de España en la UE y en el euro no sólo ha supuesto el desmantelamiento de sus sectores estratégicos, sino la renuncia a los instrumentos más elementales de la soberanía económica, como son la emisión de moneda, la fijación de tipos de interés y tasas cambiarias. Nuestra permanencia en la UE significa nuestra descomposición social y nacional: por un lado, en lo económico despliega una lógica implacable de purga y colonización depredadora orientada a la recuperación de la deuda por parte del capital centro-europeo. Esto en la práctica supone la pauperización de la masa de los trabajadores españoles y un retroceso sin igual en sus condiciones de vida. Por el otro, la ejecutoria político-diplomática de Eurolandia ha fomentado la fractura de los países vecinos, lo cual ha servido de aliento para los movimientos secesionistas de los estados miembros que aspiran a erigir sus naciones en el seno de Europa.
El reino de España se ha convertido en un apéndice del Euroreich, un estado vasallo que administra el juancarlismo con el permiso de Berlín. Este régimen de colaboracionistas cuenta con sus particulares Quisling: el PPSOE, UGT y CCOO, promotores del europapanatismo, actúan como cabos de varas al servicio de los brutales planes de ajuste y austeridad, ahora constitucionalizados, de la Sra. Merkel.
No son los “mercados” ni otras entidades abstractas las que imponen sus dictados, sino Alemania a través de la UE. Con reforma o sin reforma constitucional, con referendo o sin referendo, la deuda no es de los trabajadores españoles.
Por nuestra soberanía e independencia nacional:
¡España fuera del euro!
¡Ruptura con la UE!
¡Abajo la monarquía de los banqueros!