Rubalcaba, se ha marchado del Gobierno pero sigue controlando directamente lo que es más valioso para su carrera electoral con el nombramiento de su mano derecha: el “proceso de paz” con ETA. Se guarda un naipe en la manga. Su sucesión reafirma la “hoja de ruta” con ETA.
La proclamación de Rubalcaba como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales no dejó más remedio que su salida del Gobierno. Como sucesor en el ministerio de Interior designó a Antonio Camacho, hasta entonces secretario de Estado de Seguridad. La elección ha sido calificada de lógica, por cuanto Camacho, era su mano derecha en el ministerio. Llegó, además, al ministerio del Interior tras la victoria electoral del 14-M.
Pero Camacho, fiscal de carrera “progresista”, es sobre todo un personaje implicado hasta el corvejón en el caso Faisán. Si finalmente han sido imputados tres altos mandos de la Policía en el proceso sobre este caso, ha sido exonerado su entonces jefe jerárquico, Camacho, pese a que en el día de autos tuviera hasta tres llamadas telefónicas con los procesados.
Rubalcaba, se ha marchado del Gobierno pero sigue controlando directamente lo que es más valioso para su carrera electoral: el “proceso de paz” con ETA. Siendo el encargado por Zapatero de concretar desde hace años el pacto con esa parte ―armada― del separatismo vasco, sabe de su utilidad como baza electoral. En su despedida Zapatero le glosó como el verdadero muñidor del mismo. La sucesión de Rubalcaba reafirma la “hoja de ruta” con ETA.
Hemos afirmado que la autorización del régimen juancarlista a Bildu y su desembarco en las instituciones municipales y forales vascongadas, especialmente en la provincia de Guipúzcoa tras las pasadas elecciones del 22 de mayo, es una concreción de ese pacto. A ello se suma el “incomprensible” aumento (se duplicó en 2010) de las absoluciones a etarras ―tanto de su brazo militar como civil― en la Audiencia Nacional a instancias de su fracción “progresista” entre jueces, magistrados y fiscales. O el cambio de la política de excarcelaciones y acercamientos de presos.
El caso Faisán, un crimen de lesa patria, no es más que la punta de ese iceberg que es el pacto con ETA. No sólo no ha perjudicado a Rubalcaba sino que le ha servido, incluso, de parapeto sabedor de que el acoso del PP sería el mínimo posible ―personificado en los sainetes parlamentarios con el diputado Gil Lázaro―, de su control absoluto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la colaboración del aparato judicial. Al mismo tiempo, sacaba pecho ante la “opinión pública” con ocasión de las periódicas y convenidas detenciones o actuaciones policiales contra ETA.
Rubalcaba, amo y señor actual del PSOE, se guarda un naipe en la manga. Un anuncio rimbombante sobre el alejamiento de la violencia etarra durante el proceso electoral tendría como utilidad la reducción de la distancia del PSOE con el PP. Quizá no lo suficiente para impedir la victoria de Rajoy pero sí para “dulcificar” la previsible derrota. De tal manera que le permitiera recurrir a todo su arsenal demagógico y populista en su oposición a las “reformas estructurales” demandadas por Eurolandia que el PP se ha comprometido a realizar.