En nuestra propuesta la soberanía energética está indisolublemente unida a la propiedad pública del sector energético porque la política energética del régimen juancarlista descansa sobre el expolio a la Nación de este recurso estratégico para su entrega a grandes capitalistas.
El año 2011 ha comenzado con una subida del recibo de la luz del 10%, que se suma al aumento de más del 30% experimentado desde el año pasado, al tiempo que los analistas advierten que subirá hasta un 20% más. En esta coyuntura de abocamiento a la depresión económica, el encarecimiento de las fuentes de energía se otea como inasumible por la sociedad de consumidores. Y se denuncian las deficiencias de la política energética española.
Esta denuncia desde el punto de vista del consumidor descansa, básicamente, en acusar al gobierno de ZP de condenar a los expañoles a pagar demasiado como consecuencia de su equivocada política energética. Es insuficiente. La importancia de la cuestión de la energía va más allá de la mera comparación de los costes del mix energético. La trasciende para alcanzar una dimensión estratégica, crucial para la supervivencia misma de España, de la Nación española.
La política energética del régimen juancarlista, interpretada coyunturalmente por ZP, descansa sobre un único pilar: el expolio a la Nación de este recurso estratégico para su entrega a grandes capitalistas. Porque aunque ZP la ha justificado con un discurso verde, esta política se ha revelado como un grandioso pelotazo para algunos ilustres apellidos del capitalismo español y otros menores allegados a la orla de corrupción y enchufismo del PPSOE.
Renovables
Su apuesta por las carísimas energías renovables se ha presentado en el marco de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global que tanto denuncian activistas ejemplares como Al Gore, ex vicepresidente estadounidense. Claro que esto encaja poco con la realidad de España: el incumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de emisiones de gases que provocan el efecto invernadero y la violación de los acuerdos de Kyoto con las multas correspondientes (unos 1.100 millones de euros anuales). Poco va a ayudar en este sentido la medida de auxilio para el sector del carbón por la que se obliga a las empresas eléctricas a utilizar el altamente contaminante carbón español en sus centrales térmicas.
Esta política energética es ahora denunciada por su imposible financiación. En el pasado, no. Incluso se aceptaba el sacrificio económico en aras de la salvación del planeta. El déficit tarifario aparece ahora como insostenible. Y es que se cifra en unos 17.000 millones de euros lo que el Estado debe a esos capitalistas conchabados por las subvenciones y primas a las energías renovables. Fue entonces, a la llamada de este chollo cuando empresas como Acciona o ACS decidieron desembarcar en el sector de las eléctricas (Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola). Un negocio inmejorable. Una rentabilidad fija del 10-12% anual garantizada por 25 años, más desgravaciones fiscales y las subvenciones y ayudas autonómicas, ha llevado a Acciona –por ejemplo– a controlar casi la mitad de los parques de energía solar instalados.
Las primas a las energías renovables superan los 6.000 millones de euros anuales. Y es que el megavatio/hora (MWh) de producción fotovoltaica se paga al productor a 450 euros, entre 280 y 320 el de la termosolar y en torno a 80 el de la eólica, cuando el precio en el mercado del MWh es de 43 euros. Primas junto con fraude, porque la Comisión Nacional de la Energía estima en un 75% los “huertos solares” que presentan “irregularidades” como producir energía solar durante las horas nocturnas. Un chollo, en definitiva, proyectado en el tiempo contra viento y marea por cuanto el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 determina el objetivo del 22,7% de energía final procedente de fuentes renovables, por encima del 20% recomendado por la Unión Europea, y que se traduce en sobrecoste adicional de unos 3.700 millones de euros en concepto de primas concedidas.
Carbón y petróleo
Un decreto del gobierno de ZP del año pasado calificó como estratégica la producción de carbón español y garantizó en un 15% el porcentaje de la energía eléctrica procedente del carbón. En realidad, el carbón español no puede garantizar la soberanía energética, ni siquiera podría ayudar significativamente a la misma: de mala calidad y altamente contaminante, genera el 12% de la electricidad utilizada en España.
No es más que la continuación del clientelismo político en aquellas comarcas de tradición minera que remonta sus orígenes a los años 80, cuando sólo Hunosa empleaba a 35.000 mineros. Se calcula que, desde entonces, la reconversión del sector minero español ha supuesto unos 25.000 millones de euros. En la actualidad ocupa a algo más de 8.800 trabajadores directos y ha instalado un paisaje social inane característico de estas comarcas. Las ayudas y subvenciones para las empresas mineras privadas, en las que también se han denunciado diversos ejemplos de fraude en los últimos años, han sido prolongadas hasta 2014, lo que también es trasladado al recibo de la luz.
En 2009 se hizo público el descubrimiento de un yacimiento petrolífero frente a las costas canarias, el de Tarfaya, con una capacidad de 500.000 barriles diarios. Entonces ya se planteó en los medios de comunicación la cuestión de la soberanía del mismo y algunos re-explicaron la crisis por el islote de Perejil desde nuevas perspectivas: la disputa por una posible bolsa de petróleo en el mar de Alborán. En el año 2000, la transnacional petrolífera yanqui Conoco obtuvo permisos para la exploración de los gobiernos español y marroquí. Ante la perspectiva de un yacimiento, la cuestión de las aguas territoriales cobra una gran importancia y surge el conflicto con el sultanato de Mohamed VI por sus anhelos de conquista de las ciudades y plazas de soberanía españolas en el norte de África. Según un dictamen de la ONU, los esfuerzos para encontrar petróleo por Marruecos se han movido en el límite de lo internacionalmente aceptable. El régimen español, con el rey a la cabeza, no ha movido ni un dedo en defensa de los intereses de España, naturalmente. La soberanía energética también pasa, evidentemente, por la firme exigencia de los derechos e intereses de España y frente a Marruecos sólo será posible tras defenestrar a Juan Carlos de Borbón y todo su séquito.
Nuclear
Así las cosas, se ha iniciado una ofensiva desde las posiciones liberales del régimen a favor de la energía nuclear. Su argumento gira en torno a que es la más barata. Arremeten contra ZP por no cumplir con los tres ejes de la estrategia energética de los países del entorno: la seguridad en el abastecimiento, que éste sea a costes razonables y que la producción-consumo de la energía respete al medio ambiente. En la actualidad, se importa el 70% de la energía que se consume (20 puntos más que la media europea), algo que no ha cambiado con el desarrollo de las renovables. En gas natural se importa el 85% del consumo y los principales proveedores son países árabes como Argelia y Egipto. La situación actual de inestabilidad en el norte de África explica por sí misma los riesgos de esta dependencia.
El rechazo del zapaterismo a la energía nuclear remonta su origen al discurso antinuclear pergeñado por la izquierda en tiempos de la Guerra Fría. Ahora este discurso ha sido abandonado por muchos de sus entonces defensores, como Felipe González, responsable de la moratoria nuclear de 1984 y cuyo coste aún repercute en el recibo de la luz de los consumidores. Países como Reino Unido o Finlandia han iniciado proyectos para la construcción de nuevas centrales nucleares. La energía nuclear es segura y una energía limpia, tal y como lo ha reconocido el fundador de Greenpeace. No contamina: el 95% del uranio utilizado se recicla y sólo se debe almacenar el 5% restante.
Desde este punto de vista, los argumentos son innegables. En la actualidad, las ocho centrales nucleares españolas operativas suponen el 8% de la potencia energética instalada y generan el 18% de la electricidad. En comparación, la energía eólica representa el 16% de la potencia instalada y genera el 8%. En Francia, las centrales nucleares proporcionan el 76% del consumo de electricidad.
La utilización de energía nuclear requiere de un elevado nivel tecnológico. En España existe esa capacidad. Se estima que el 80% de las inversiones de un programa nuclear revertirían en el tejido industrial español: bienes de equipo, ingeniería, fabricación del combustible, gestión y almacenamiento de los residuos, etc. Es un sector exigente del binomio investigación y desarrollo (I+D), motor de la mayor productividad económica e industrial. La construcción de nuevas centrales, la modernización de las existentes, la adecuación de minas y otros yacimientos de minerales… supondría la revitalización de comarcas moribundas. Se calculan en 170.000 los empleos que crearía la construcción de diez nuevos reactores (las existentes dan trabajo a 30.000 empleados directos). España, además, concentra las mayores reservas de uranio de Europa y su precio no plantea los problemas que sí presentan el petróleo o el gas natural, sujetos a los vaivenes de los mercados internacionales.
Soberanía energética
En el discurso favorable a la construcción de nuevas centrales nucleares desde el punto de vista restringido a los costes de producción hay una trampa. Es cierto que sin centrales nucleares no hay energía barata. Pero cambiar ahora el modelo energético vigente no ayudará a sacar a la economía española de la depresión en la que se ha instalado. La entrada en funcionamiento de nuevos reactores es un proceso largo, de unos diez años. El recurso a la energía nuclear no vale como medida coyuntural, sino que debe incardinarse dentro una exigencia estratégica de la Nación: la soberanía energética. Porque la energía es la base del desarrollo del Estado y condición indispensable para la independencia nacional.
Ahora bien, nada de esto valdrá si se deja en manos privadas la gestión de las energías españolas. La reducción de las inversiones necesarias por parte de las empresas eléctricas ya supuso en el periodo de Aznar aquellos famosos apagones. Fueron la consecuencia lógica a la medida del gobierno del PP de bajar por decreto las tarifas si tenemos bien presente que lo único que interesa a los propietarios de cualquier transnacional es su cuenta de beneficios. Años después del penoso asunto Endesa, cuando el gobierno ZP presumió de haber rechazado el asalto del capitalismo teutón (E.ON) en beneficio de un ilustre apellido de constructores españoles, Endesa es propiedad del Estado italiano. Una aberración desde el punto de vista de la independencia y la seguridad nacional.
Este sector estratégico y fundamental para la Nación debe ser sólo de los españoles. Para ello debe estar estatalizado, incluido en el sistema de planificación económica que tenga por objeto la racionalización del excedente nacional en beneficio del fondo comunitario. Es la única manera de que sus beneficios redunden de manera real en el conjunto de la ciudadanía española. Sólo así, encuadrado en ese marco general de dimensión nacional, se podrá gestionar el sector de la energía al margen de los beneficios privados de la oligarquía. Sólo así la búsqueda de la suficiencia energética y el recurso a la energía nuclear en óptimas condiciones de seguridad y respeto por el medio ambiente podrá conjugarse plenamente con el máximo fomento tecnológico para el rearme industrial.
En nuestra propuesta la soberanía energética está indisolublemente unida a la propiedad pública del sector energético porque sólo así se garantiza la independencia y la seguridad de la Nación, de una España libre y dueña de sí misma en un mundo cambiante, donde nuevos polos de competencia inter-imperialista vienen a trastocar los equilibrios geoestratégicos. Todo esto nos separa irremediablemente de otros defensores de la energía nuclear.