El gobierno regional murciano ha tramitado y aprobado en dos días un proyecto de ley de medidas extraordinarias que afectan a los trabajadores de la Función Pública. Supone un ataque demoledor a la negociación colectiva, jornada laboral, salarios y otros derechos adquiridos por los trabajadores.
El gobierno regional murciano ha tramitado y aprobado en dos días un proyecto de ley de medidas extraordinarias que afectan a los trabajadores de la Función Pública. Supone un ataque demoledor a la negociación colectiva, jornada laboral, salarios y otros derechos adquiridos por los trabajadores españoles.
Hay unos 55.000 trabajadores de la Función Pública en Murcia. El 90% se concentra en los sectores de sanidad y enseñanza, casi al 50% en cada uno de ellos. Las mencionadas medidas, entre otras consecuencias, conllevan la eliminación de unos 2.000 puestos de trabajo (contratados, externos, sustituciones).
Las organizaciones presentes en este sector son UGT, CCOO y diversos sindicatos profesionales de ámbito nacional y regional (CSIF, STERM, SATSE, SIDI, ANPE, SIME y SM).
El miércoles día 22 tuvo lugar una concentración de unos 2.000 trabajadores, fundamentalmente de la enseñanza, ante la cámara de comercio de Murcia, donde el presidente de la región iba a recibir un galardón de la cadena SER. El acto fue suspendido. Los trabajadores increparon a varios miembros del PP, que tuvieron que salir escoltados por la policía. A continuación los concentrados se dirigieron al domicilio del presidente regional del PP, cortando la Gran Vía de la capital murciana. Posteriormente se desplazaron en manifestación hacia la sede del gobierno regional. Allí decidieron concentrarse a la 9h del día siguiente, jueves, ante la sede de la Asamblea regional en Cartagena con objeto de impedir el acceso de los diputados regionales y entrar y ocuparla para que no se aprobara la ley.
Esta concentración no estuvo liderada por los sindicatos. Si bien algunos de los trabajadores presentes en la misma se identificaban con pegatinas o pancartas de algún sindicato, no había ninguna pancarta que expresara lemas unitarios de la convocatoria. Los dirigentes de los sindicatos estaban presentes, pero en actitud totalmente pasiva. No se había solicitado ninguna autorización para la concentración ni para la manifestación. La convocatoria no se realizó mediante acuerdos de asambleas de centro de trabajo, sino a través de llamadas personales, reuniones informales y comidas de despedida por vacaciones, pues éstas se iniciaban en la enseñanza a medio día del miércoles. Algunos sindicatos estuvieron presionando a diputados del PSOE e IU para que no se presentaran el jueves a la asamblea regional, no siendo atendida esta petición.
A partir de estos momentos, los dirigentes de los sindicatos, sobre todo de CCOO y UGT, se dedicaron a apaciguar y disolver una situación que había evolucionado fuera de su control. Alas 12h consiguieron leer un comunicado desconvocando las acciones y convocando una concentración para el lunes día 27 en el Palacio de San Esteban, ante la sede del gobierno regional. Se marchó aproximadamente un tercio de la concentración, permaneciendo los restantes en las inmediaciones de la asamblea, a la espera de que salieran los diputados. Los primeros que lo hicieron, a pesar de ir escoltados, fueron objeto de acoso.
No cabe duda de que a través de estas acciones se han apuntado rasgos propios de los métodos de acción directa de masas: concentraciones y manifestaciones sin solicitar autorización, asedio a sedes de partidos e instituciones, con tentativa de asalto de las mismas, desbordamiento parcial de los grandes aparatos sindicales, etc. Sin embargo, hay que considerar que hasta ahora ha sido muy débil la respuesta a los tijeretazos del ajuste capitalista. Los aparatos sindicales han conseguido finalmente hacerse con el control de la situación, no han informado en momento alguno del conflicto y mucho menos han promovido paros en los centros de trabajo para organizar y engrosar la fuerza de la lucha en la calle.
La participación de algo más de 2.000 trabajadores sobre un colectivo de 55.000 es una participación mísera, que revela la existencia de fermentos de desmoralización y, sobre todo, la fuerte presión de la política neoliberal del conjunto del régimen y sus servidores mediáticos, tendente a la demonización de todo lo que huelga a público.
Pero esto no ha hecho más que empezar, ¡tanto el ajuste capitalista como las respuestas al mismo!