Se ha hecho evidente lo que el Partido Nacional Republicano viene denunciando desde hace tiempo: la escenificación de una segunda parte del proceso de negociación que arrancó en la anterior legislatura del PSOE y que se ha mantenido siempre entre bambalinas.
Pocos días después de que Rubalcaba ordenase retirar escoltas a numerosos cargos políticos del País Vasco, ETA ha anunciado una suspensión de las «acciones armadas ofensivas». El comunicado etarra es expresión de la colaboración existente entre el régimen y la organización separatista terrorista y, a la vez, preludio de nuevos pasos de la misma.
Aparentemente, es ETA la que ha movido primero ficha. Pero la calculada indeterminación de su comunicado ha permitido que Zapatero lo considerase «insuficiente»: habrá más comunicados y más concreciones de la colaboración, cuya iniciativa está en manos de Zapatero, no de los encapuchados. Según el modelo irlandés, en el que se inspiran Zapatero y Rubalcaba, habrá entrega de armas y medidas de verificación de la misma, pronunciamientos de las instituciones europeas, resolución de flecos pendientes en cuanto a los presos y a la suerte de los matarifes sangrientos que aún gozan de libertad… Todo ello para rematar el proceso de aniquilación nacional de España mediante la constitución de una “nación vasca” inserta en el despliegue confederal de la monarquía.
La confederalización del régimen monárquico, contrariamente a lo que sostienen algunos, es fiel al espíritu y la letra de la constitución de 1978, con sus previsiones sobre las “nacionalidades”, la “cooficialidad” de las lenguas regionales, el traspaso de competencias estatales exclusivas hacia las autonomías, etc. El juancarlismo, desde su nacimiento, nos ha precipitado a lo que en muchas ocasiones hemos caracterizado como Commonwealth de naciones ibéricas sobrevoladas por la Zarzuela o, si se prefiere, a la “austro-hungarización” de España.
En los últimos años, dos hitos fundamentales han jalonado la implacable marcha hacia la disolución nacional instada por el régimen. Uno, alcanzado ya, ha sido el Estatuto de Cataluña, recientemente avalado por el Tribunal Constitucional, cuyo texto prefigura el modelo confederal de “naciones” con atribuciones paraestatales para el resto de comunidades autónomas, especialmente para el País Vasco. El otro, pendiente de culminar todavía, pasa por la resolución del “conflicto vasco”, a través de la desactivación negociada de ETA como coartada para empotrar, en supuesta contrapartida, a la “nación vasca” con anexión de Navarra.
Al margen del rédito electoral que pueda obtener Zapatero del “final dialogado de la violencia”, éste constituye uno de los pilares de la política de Estado del juancarlismo, cuyo colofón es la configuración del reino de España como un amasijo de comunidades etno-museísticas, inspiradas en pinturas medievales, regidas por los testaferros políticos de sus burguesías locales, en concomitancia con los bancos y oligopolios del régimen y abiertas a la penetración colonial de capital europeo, a costa de una población española inerme, fragmentada en “pueblos” y “realidades nacionales”.
Se ha hecho evidente lo que el Partido Nacional Republicano viene denunciando desde hace tiempo. El reciente comunicado etarra se suma a la movilización de legiones de mediadores y facilitadores internacionales, multiplicación de contactos PSE-Batasuna, acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, labor del aparato propagandístico del PSOE erigiéndose en portavoz de la izquierda abertzale, etcétera, como un preparativo más de la escenificación de una segunda parte del proceso de negociación que arrancó en la anterior legislatura del PSOE y que se ha mantenido siempre entre bambalinas.
Ante los innegables indicios de una reactivación del “proceso de paz”, el PP ha zanjado el asunto de manera taxativa: «no parece que estemos ante un cambio de la política antiterrorista del Gobierno». De este modo, acalla a las voces de quienes, como Mayor Oreja, Vidal-Quadras e Iturgaiz, dan por hecho que ya se está produciendo una segunda parte de las negociaciones entre el ejecutivo de Zapatero y ETA. Pero lo que ante todo manifiesta esta posición es que el PP cierra filas junto al Gobierno, en su calidad de leal oposición de su majestad, para que el proyecto confederal de la monarquía no se vea inquietado.
Como fotocopia del proceso irlandés, en el que el brazo político del IRA, el Sinn Fein, empujaba al grupo terrorista afín a conversaciones de paz con Londres, Rubalcaba ha diseñado el guión de las dos ETAS; de la fractura entre la izquierda abertzale y unos etarras deseosos de dejar las armas, de un lado, y los etarras irreductibles, de otro. Tras esta pretendida fractura se oculta simplemente un reparto de papeles. El régimen tiene soluciones para todos sus componentes. Para la izquierda abertzale, que corre el riesgo de ir envejeciendo sin tocar moqueta y disfrutar prebendas institucionales, participación en los procesos electorales de 2011. Para los “gudaris”, amnistías, reinserciones y exilio dorado a otros países de los carniceros más impresentables.
Todo esto pone de relieve las sangrientas falacias del régimen. Éste admite que ha existido un conflicto de naturaleza bélica, una guerra, no la acción terrorista de un movimiento nacionalista antiespañol. Así, se habla de paz, alto el fuego, tregua, desarme... Al “ejército enemigo” se le reconoce como tal, a través de “negociaciones de paz”. Los “gudaris” serán ensalzados. Sus víctimas, ignoradas y humilladas.
Y también se revela que la estrategia de ETA ha sido siempre convergente con la del régimen, lo que explica que éste haya permitido su supervivencia y que ahora se muestre dispuesto a premiar los servicios de esa banda, infiltrada hasta el tuétano, con una “salida negociada”.
Nuestra denuncia de la colaboración del régimen con ETA se suma a las múltiples razones que abonan nuestra lucha por una república española unitaria y justiciera. Esta república considerará papel mojado las sentencias y amnistías de los tribunales actuales en relación con los etarras y procederá al enjuiciamiento de los crímenes de ETA y de quienes han colaborado con la misma, además de poner fuera de la ley a todos los partidos nacionalistas antiespañoles.