La paulatina imposición del plan de ajuste auspiciado por la UE y el FMI, ejecutado por Zapatero y aplaudido por Rajoy, está generando descontento entre sectores de los trabajadores. Para frenarlo, el régimen recurre a la explotación del miedo y a la intervención de los sindicatos del régimen.
En el origen de la huelga de los trabajadores del metro de Madrid están reivindicaciones que, aun siendo elementales, tenían un carácter político: la defensa de los derechos de negociación colectiva y de huelga.
La huelga arrancó el 28 de junio en protesta contra la decisión de la Comunidad de Madrid de ahorrar 7,9 millones de euros recortando un 5% los salarios a los trabajadores del metro, que son empleados públicos, amparándose en que así lo dictaba el decreto ley aprobado por el Gobierno de Zapatero. Sin embargo, la condesa de Murillo y gran dama de Bilderberg quiso ir más allá del zapaterazo, puesto que el mencionado decreto excluía de su ámbito de aplicación a las sociedades mercantiles, como es Metro de Madrid y Renfe, Adif o Aena, que además disponen de convenio propio.
Con ello se ponía de manifiesto que si el PP votó en contra del decreto de Zapatero, lo hizo guiado tan sólo por una rastrera demagogia. No hay diferencia alguna entre el PSOE y el PP a la hora de aplicar el plan de ajuste capitalista. La señora Aguirre, deseosa de aparecer como la Thatcher española, incluso añadió una vuelta de tuerca más a ese plan.
Como destacó el sindicato anarcosindicalista Solidaridad Obrera, lo más grave de esta agresión era la vulneración del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, al imponer un recorte salarial que convertía en papel mojado el convenio recién aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad. La “patriota constitucional” Aguirre no tuvo el menor escrúpulo en saltarse a la torera el artículo 37.1 de la Constitución: «La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios».
Ante los planes de la lideresa, los trabajadores decidieron ir a la huelga en asambleas masivas. La respuesta de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar. Impuso unos servicios mínimos del 50% que suponían una anulación pura y simple del derecho de huelga.
Los dos días de huelga total, sin respeto a los servicios mínimos, desataron la histeria de los principales aparatos políticos del régimen y de sus medios de comunicación, que unieron sus voces para criminalizar la huelga, enfrentando a la población de Madrid con los trabajadores del metro. «Su actitud es una auténtica vergüenza, un insulto y un desprecio a los madrileños» (Ignacio González, vicepresidente regional). Todos ellos se acordaron súbitamente del “derecho al trabajo”, a la vez que silenciaban la existencia de más de 5 millones de parados. Los medios afectos al conservadurismo liberal –desde El Mundo a La Razón y el ABC– extremaron los llamamientos contra los “saboteadores” y a favor de los despidos disciplinarios masivos. Pero los afectos al PSOE no se quedaron a la zaga. «Huelgas con rehenes. El incumplimiento de los servicios mínimos no puede convertirse en la pauta de sindicatos serios» (Editorial de El País). Paralelamente, se inició la apertura de expedientes sancionadores.
¿Por qué tanta histeria?
La paulatina imposición del plan de ajuste auspiciado por la UE y el FMI, y ejecutado por Zapatero, con Rajoy a su remolque, está generando descontento entre sectores de los trabajadores. Para frenarlo, el régimen recurre a la explotación del miedo de muchos trabajadores a perder el empleo, a la resignación de otros ante la aparente omnipotencia del poder del capital y a la difusión de ilusiones en una “pronta recuperación”. En su conjunto, los trabajadores acusan una gran inexperiencia, fruto de la ausencia de luchas importantes durante largos años. A esto se suma la fragmentación, celosamente cultivada por los grandes aparatos sindicales, entre públicos y privados, parados y activos, entre diferentes “nacionalidades”, etc. Sin embargo, los ataques neoliberales se suceden sin tregua, pasa el tiempo y el paro se extiende, las familias se empobrecen rápidamente y crece la desesperación. El caldo de cultivo para estallidos sociales descontrolados, al margen y contra las reglas de juego oficiales está creado. Y estos estallidos pueden contagiar a otros sectores. Ese ha sido el “mal ejemplo” de los trabajadores del metro de Madrid. Y ha hecho necesaria la intervención de los grandes sindicatos del régimen para atajarlo.
En primer lugar, esos sindicatos no han movido un dedo para extender a otros sectores la solidaridad con los trabajadores del metro. En segundo lugar, han aprovechado el impacto de la campaña de criminalización sobre los trabajadores del metro para acallar las posiciones más radicales. Se han esforzado en convencer a la asamblea de trabajadores de la necesidad de levantar el pie del acelerador y continuar la huelga aceptando los servicios mínimos abusivos. En suma, han conducido a los trabajadores de Metro de Madrid a dar marcha atrás, a desorganizar su huelga, mediante el aislamiento y la presión para que aceptasen unos servicios mínimos que impiden la efectividad de cualquier huelga: ¿qué trabajador va a dejar que le reduzcan 200 euros de su nómina por hacer huelga, mientras que los trenes siguen circulando?
El sábado día 17 de julio, Metro de Madrid y el comité de huelga alcanzaron un principio de acuerdo por el que las retribuciones salariales del personal se reducirían en un 1% a partir de la próxima nómina del mes de julio, con carácter retroactivo respecto al mes de junio. Pero esto no permitía en modo alguno cantar victoria, pues Metro y sindicatos, con la excepción de Solidaridad Obrera, acordaron reducir el importe de otras partidas de gastos de personal, como gastos de viaje y de formación profesional, reestructuración del transporte nocturno de personal, horas extraordinarias y complementarias, y otras primas salariales.
Los empleados de Metro de Madrid votaron mayoritariamente el lunes día 19 a favor de ese acuerdo. Quienes lo hicieron en contra prefirieron respaldar el planteamiento de Solidaridad Obrera, partidario de llevar a los tribunales la ley de Esperanza Aguirre y continuar con los paros en septiembre. Tras siete jornadas de paros, dos de ellas sin servicios mínimos, y tres semanas de negociación, finalizaba la huelga de Metro de Madrid, en medio de la división y el desinflamiento de las asambleas.
513 trabajadores votaron a favor del acuerdo y 238 en contra, tras la propuesta de Solidaridad Obrera. A las asambleas asistieron poco más de 750 personas, mientras que durante la huelga estas reuniones llegaron a ser multitudinarias, con una participación de hasta 2.500 trabajadores.
Las resistencias con las que se encontró la ratificación del acuerdo fueron fundamentalmente dos: la reducción salarial que, aunque sea del 1%, significa la modificación del convenio, a lo que se suma el recorte de otras partidas, antes mencionadas, y el incumplimiento de lo acordado en las asambleas durante el conflicto en el sentido de que no habría acuerdo mientras existiesen expedientes abiertos. Los expedientes siguen su curso.
Una representante de Solidaridad Obrera explicó que existían múltiples gastos, más allá de los de personal, en los que se podrían haber efectuado recortes, como la partida de publicidad. «No sé qué publicidad tiene que hacer Metro para que se suba la gente», afirmó. En efecto, los gastos en publicidad han supuesto 51 millones de euros en los últimos cuatros años. Buena parte de este presupuesto se va a la empresa Carat-España.