La política laboral de los gobiernos del PSOE y del PP ha tenido idéntico objetivo: poner a disposición del capital un amplio ejército laboral de reserva que presionase a la baja las condiciones de trabajo, favoreciendo el alza de la extorsión de valor del mismo, tanto absoluta (contención salarial, horarios abusivos, etc.), como relativa (intensificación de su explotación científica). Esos gobiernos han perseguido siempre la misma finalidad: la desvalorización del trabajo y la generalización de una estructura salarial flexible que permita a las empresas modular las remuneraciones según los altibajos de su tasa de beneficio. Para ello se han servido de sucesivas reformas laborales que, invariablemente, giraban en torno a dos ejes: precariedad en el empleo y abaratamiento del despido. Y en el último periodo, sobre todo a partir de Aznar, el ejército laboral de reserva ha pasado a engrosarse merced al expediente de la inmigración masiva y descontrolada.

Ya en 1984, el PSOE propinó un fuerte impulso a la “flexibilidad del mercado de trabajo”, estableciendo hasta 16 modalidades de contratos espúreos. Como fruto de esa política, la precariedad experimentó un significativo ascenso, llegando a englobar a un tercio de los asalariados. Sin embargo, los intentos del ejecutivo de Felipe González encaminados a la aceleración de ese proceso, toparon con la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988.

En 1994, el desempleo masivo alcanzaba casi al 25% de la población activa. Amparado en el clima de inseguridad creado por esta situación, el PSOE se creyó en posesión de la fuerza suficiente para imprimir nuevos avances en la precariedad del empleo y en las posibilidades del despido. Para incrementar la precariedad, estableció nuevas figuras contractuales degradadas, como la de aprendizaje, un contrato “basura” que reintroducía por la puerta de atrás el plan de empleo juvenil que había provocado la huelga de 1988. Y en aras de una mayor facilidad para los despidos, se procedió a una ampliación de las causas de los “despidos individuales objetivos”, con la ayuda de conceptos tan indeterminados como “las necesidades organizativas y de producción”. A la vez, pasaron a tipificarse como despidos individuales los colectivos que no supusieran más del 10% de la plantilla, hasta un máximo de 30 trabajadores. La legalización de las empresas de trabajo temporal, las siniestras ETT, fue la culminación de esta fase.

Llegado Aznar, y para cumplir a rajatabla los criterios de Maastricht, decretó en 1997 una nueva reforma que, como novedad, contó con el amigable respaldo de CCOO y UGT, pese a que prolongaba la orientación de los gobiernos anteriores. Así, el abaratamiento del despido experimentó un sensible progreso: se ampliaron las posibilidades de aplicar el aberrante despido individual/colectivo instituido en 1994. Paralelamente, para “estimular la contratación indefinida”, se instituyó una nueva modalidad contractual, para jóvenes y parados de larga duración, con una indemnización por despido improcedente de 33 días por año y un tope máximo de 24 mensualidades, en lugar de los 45 días por año trabajado y 42 meses de los contratos indefinidos normales. Pero lo más destacable de esta etapa fue el aliento de una formidable oleada inmigratoria que supuso la entrada de un millón de ilegales.  Ello permitió miserables formas de explotación del trabajo clandestino de parte de ese sector y, en su conjunto, un ariete demoledor de las condiciones de trabajo de los asalariados españoles.

Tras el triunfo de Rodríguez Zapatero hemos tenido dos cosas. Por una parte, una nueva regularización de inmigrantes ilegales que ha incentivado avalanchas cada vez más imparables. Lejos de “dejar el contador a cero”, la cifra de inmigrantes ilegales se aproxima al millón y medio pocos meses después de la regularización. Y esto que apenas ha comenzado a producirse el reagrupamiento familiar.

Lo que ha hecho el ministro Caldera es poner altavoces en medio mundo asegurando que en España se trabaja poco, te pagan bien, te dan papeles, seguridad social, sanidad y educación, con sólo reunir algunas condiciones –que, en muchos casos, se pueden “acreditar” fraudulentamente–. Incluso acaba de afirmar que se estudiará la posibilidad de otorgar permisos para aquellos inmigrantes indocumentados cuya expulsión presente dificultades. Por otra parte, Caldera es el artífice de otra reforma laboral cuyo objetivo principal se cifra, como siempre, en el abaratamiento del despido, a lo que se ha sumado la disminución de las cotizaciones empresariales.

Si esta reforma laboral se ha distinguido por algo es por la repugnante trapacería de sus formas, por el ocultismo de que han hecho gala el gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios a la hora de pergeñarla. En cuanto a sus contenidos, no hace más que consolidar, e incluso agravar,  el modelo de relaciones laborales precario.

De entrada, persiste toda la maraña de artilugios urdidos durante los últimos veinte años para anular los derechos laborales: contratas y subcontratas, franquicias, contratos de agencia, falsos autónomos, becariado, teletrabajo, etc. ¿Dónde está, entonces, la novedad?  En el intento de generalizar el contrato indefinido con indemnización por despido de 33 días por año trabajado.  Esta medida, que Rodríguez Zapatero ha calificado de "histórica", significa que los empresarios podrán seguir realizando cuantos contratos deseen por medio de contratas y subcontratas; pero, a la vez, dispondrán de un nuevo recurso: la “cuasi universalización” del contrato de fomento de empleo inventado por Aznar y que ahora se les subvencionará durante 4 años, transcurridos los cuales podrán despedir libremente y por cuatro perras.

Además, la nueva reforma elimina los Expedientes de Regulación de Empleo, “descausalizando” los despidos colectivos, que quedan asimilados a los individuales. Los empresarios podrán despedir a decenas de trabajadores sin tener que rendir cuentas a nadie.

Por otra parte, no sólo se aumentan las bonificaciones a los empresarios que opten por el contrato indefinido-basura. Al mismo tiempo, se les disminuye sus cotizaciones a la Seguridad por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial.

Por ultimo, como otro aspecto destacado, se eliminan los sobrecostes que soportan las ETT en concepto de indemnizaciones por fin de contrato y cotizaciones al desempleo y se amplia el abanico de categorías laborales donde pueden actuar, hasta ahora restringido a determinadas categorías profesionales y actividades peligrosas.

Aznar demostró lo que puede hacer un gobierno de derecha. Ahora Rodríguez Zapatero revela que la política laboral de izquierda consiste en subvencionar a los empresarios con el dinero de los trabajadores para que transformen los contratos eventuales en fijos. Con el añadido de que esa subvención tiene un límite, tras el cual el empresario puede volver a cambiar tranquilamente el tipo de contrato o decidirse por un despido que le sale gratis. El despido costará 33 días por año trabajado, que el empresario podrá abonar cómodamente con las bonificaciones recibidas. Así, se convierte de hecho en eventuales a todos los trabajadores mediante la reducción de indemnizaciones y la transferencia de sus rentas al capital.  Lo que se nos quiere vender como un beneficio para los trabajadores supone en realidad la creación de un nuevo contrato laboral a la medida de las contratas; la generalización de una falsa contratación indefinida subvencionada a costa nuestra e irrisoria en su despido, y la individualización del despido sin causa y sin revisión por el Juez de lo Social.

Derecha e izquierda, la misma m… La izquierda ya no se identifica hoy con proyecto socialista alguno, ni siquiera con el de la socialdemocracia. Derecha e izquierdas son sólo dos caras del dispositivo político del capital. Sus reformas laborales abrevan en la misma charca neo-liberal. Contra ambas deberá alzarse la lucha de los trabajadores en nombre de un socialismo mayor de edad.