Alberto Alcocer es colega de cacerías y francachelas de Su Majestad, su nuevo “hombre para todo”, que reemplazó en esa privilegiada posición a Manuel Prado y Colón de Carvajal, por tantos años testaferro de turbios negocios reales. Es fácil imaginar la aflicción que ha embargado al entorno real ante un fallo judicial que podía enviar al mejor amigo del jefe del Estado a la trena.

Ya era hora, por tanto, de que el Tribunal Constitucional anulase la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo impuso a Alberto Alcocer y a Alberto Cortina. Y así ha sido. El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de los estafadores  y se ha sacado de la manga una falaz doctrina sobre la prescripción de los delitos para evitar que se libren de ingresar en prisión.

El Tribunal Constitucional ha debido admitir lo probado en el Supremo: que los albertos incurrieron en los delitos de estafa a sus socios –por un montante de 4.000 millones de pesetas– y de falsedad en documento mercantil con ocasión de la operación de compraventa de dos grandes inmuebles de la Plaza de Castilla. Pero el Constitucional anula la sentencia del Tribunal Supremo al estimar prescritos esos delitos. Según una nueva doctrina sobre el plazo de prescripción, éste corre desde el momento de la comisión del acto hasta la admisión a trámite de la querella por el juzgado, y no hasta la simple presentación de la misma, según se ha considerado hasta ahora. Se trata de una monstruosa doctrina que hace depender la prescripción del capricho del juez, al que no se impone plazo alguno para la admisión de querellas o denuncias. A la vez, con esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha usurpado la función del Tribunal Supremo en un asunto de índole penal, no constitucional.

El Tribunal Constitucional expresa al más alto nivel que las cúpulas de nuestro sistema de justicia no son más que pura prolongación de los partidos del régimen. Su misión real es defender al poder del dinero en que el vigente régimen se asienta, como ha sido en este caso, o los atracos de los partidos políticos de la monarquía –expropiación de RUMASA  en beneficio del PSOE–. Ahora la incumbe, además, legitimar la auto-reforma antinacional del régimen: no es difícil imaginar cuál será su dictamen sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.

Los mamporreros del régimen hablan de justicia democrática y de Estado de Derecho. En los hechos, lo que hay es un Estado de Deshecho, severo con los humildes y dócil ante los magnates, que asegura la impunidad de los poderosos, hace trizas el principal principio democrático, que es la igualdad de todos ante la leyes, y se halla siempre dispuesto a los más vergonzosos bandazos tras las consignas del gobierno de turno.

De los seis jueces que han dejado libres y con el producto de su estafa a los albertos, cinco son de sensibilidad próxima al PSOE. Por ello, son de corto vuelo las protestas de Cándido Conde Pumpido ante la sentencia del Constitucional, con las que trata de encubrir el papel jugado por el PSOE, bajo altas directrices de Estado, en toda esta jugada.