El responsable de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Sánchez, también obispo de Sigüenza, ha apoyado sin reservas la iniciativa del PSOE de dar el voto a los inmigrantes en las elecciones municipales. Y ha dirigido una nota al Parlamento Europeo exigiendo a los gobiernos que «eviten la equiparación, real o aparente, de los sin papeles con delincuentes». ¿Es pecado llamar delincuente –o presunto delincuente– a aquél cuya misma llegada a nuestro crepuscular país constituye una vulneración de sus leyes?

Las iniciativas del PSOE en materia de inmigración se fundan en la abstracción liberal de los “derechos humanos” (de los inmigrantes); las de algunos obispos invocan los “valores universales de la persona”. En ambos casos se prescinde del concreto criterio político de la nacionalidad. Los derechos derivados de la misma y los de simples residentes por razones laborales valen igual. No podemos sorprendernos de que los objetivos de fondo de ambas iniciativas concuerden plenamente: echar por los suelos los salarios y condiciones laborales de los trabajadores españoles y poner en marcha un repugnante colonialismo electoral.

Los progres ven al inmigrante como un damnificado del sistema y le ofrecen la oportunidad de ser esquirol y carne de cañón laboral y electoral. Los carcas ven al inmigrante como futuro feligrés y quizá nueva vocación. Los primeros catalogan al islam radical de nueva fuerza revolucionaria. Los segundos buscan en el inmigrante latino un defensor de la familia clásica y un continuador de las tradiciones católicas. Y con su ayuda engorda el beneficio capitalista y se enriquecen los traficantes de carne humana.

Lo hemos dicho en defensa del Estado laico y ahora lo decimos también por patriotismo: autofinanciación de las confesiones. Que el cepillo lo pase el feligrés.