Hace un año que el Gobierno lanzó un ambicioso plan de regularización de inmigrantes. Como siempre ocurre, se aseguró que sería el último.

Uno de sus objetivos era, en palabras de Caldera, «sacar a flote todo el empleo sumergido fomentado por la inmigración ilegal». A bombo y platillo se anuncian grandes avances hacia ese objetivo. Actualmente hay más de medio millón de nuevos afiliados a la Seguridad Social. Pero no se nos habla de los costes en servicios sociales que ha implicado esa operación, ni los que supondrán los procesos de reagrupamiento familiar que se deriven del mismo.

También aseguró el ministro de Trabajo que a partir de ese momento el “contador” se iba a poner prácticamente a cero. Tras la legalización sólo quedarían unos 100.000 sin papeles.

Un año después, más de un millón y medio de inmigrantes permanecen en nuestro país sin permiso de trabajo y residencia. Al inicio del proceso de “normalización”, el 7 de febrero de 2005, el padrón indicaba que en España había en torno a 1.350.000 extranjeros sin documentación. Parte de ellos nunca se ha empadronado, o no se ha acogió al proceso de regularización: a día 2 de mayo de 2006 se habían recogido 691.655 solicitudes de documentación legal, de las que se han resuelto positivamente 577.049. Así, de acuerdo con las cifras oficiales, la cantidad de personas que aún resta por obtener los papeles en regla rondaría la cifra de 770.000. A ellas hay que sumar el contingente de los que han llegado después. Aquí sólo caben cifras aproximativas. Los datos del padrón ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que desde 2000 el incremento anual de extranjeros no comunitarios ha sido, de media, de medio millón.

Por otro lado, el Ejecutivo tampoco previó que muchos de los han sido legalizados tienen contratos temporales o precarios. La mayoría de los empleos de que han dispuesto los inmigrantes regularizados tenía una duración de menos de un mes, lo que provoca que muchos de los permisos no sean renovados.

¿Y que pasa con los indocumentados? Pues que no se ha reparado la viabilidad de su repatriación, atendiendo a los acuerdos bilaterales efectivos entre España y los países de origen. Sólo tres de cada diez subsaharianos que hay en España proceden de países que tienen convenio de readmisión con nuestro país. Oficialmente, desde mediados de 2004 hasta finales de 2005 unos 7.000 inmigrantes del África negra cruzaron nuestras fronteras. El Gobierno expulsó tan sólo a 1.556.

Caldera negó repetidas veces que la regularización planteada pudiese desencadenar un efecto llamada. Pero en lo que llevamos de 2006 ya han entrado más ilegales que en todo el 2005. Esa oleada aumentará su ritmo en lo que queda de año y será peor en el próximo. Su crecimiento está asegurado por el eco de las campañas de regularización del PSOE y por su incapacidad de disuadir la inmigración por una política efectiva de devoluciones. Por la persistencia de sectores del capital que no vacilan en implantar una explotación carroñera de los inmigrantes ilegales, que al mismo tiempo se utiliza como ariete para degradar las condiciones de trabajo de los españoles. Por la presión de sectores de la progresía y la Iglesia a favor de medidas de acogida desvinculadas de cualquier cálculo de su sostenibilidad económica y de su impacto social. Tan pronto como desembarca en suelo español, el ilegal constata que, como le habían dicho, «aquí dan», y recibe como bienvenida lo que no tiene asegurado en su país: alimentación caliente, alojamiento siquiera sea precario, asistencia sanitaria, billetes de metro o autobús y la posibilidad de sacar unos eurillos haciendo de gorrillas, mendigos... o delincuentes. 

En este aspecto, el gobierno del PRISOE se está contraponiendo cada vez más frontalmente a las nuevas tendencias críticas que en Europa se imponen respecto de la inmigración “espontánea”: política de inmigración restrictiva decidida ya en el  Reino Unido, actual revisión en Francia, estricta y durísimas disposiciones en Holanda, etc.

Todo ello se acompaña de una ausencia casi total de defensa de nuestras fronteras. A la falta de control del flujo masivo de iberoamericanos a través de Barajas, y al coladero de rumanos y búlgaros desde Francia, se ha sumado la reciente avalancha de subsaharianos sobre Canarias mediante cayucos de hasta veinticinco metros de eslora.  La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado el «absoluto derroche» que supuso mantener 17 patrulleras en el puerto de Valencia con motivo de la celebración de la Copa América, cuando en Canarias sólo había seis patrulleras para vigilar todas las costas del Archipiélago, de las que sólo cuatro estaban operativas. Esta misma Asociación desvelo que el Gobierno conocía el foco de emigración ilegal establecido en Mauritania por un memorando del CNI de hace seis meses, pero no hizo nada por desactivarlo hasta que la crisis ha estallado en el Archipiélago canario.

El gobierno intenta sortear esa crisis de la forma más chapucera e indigna. Según recoge prensa local canaria, la Delegación del Gobierno realiza vuelos diarios a la Península para intentar aliviar la situación de las instalaciones de acogida en Canarias. Se están repartiendo personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Murcia. Llegan en aviones fletados a diario por la Delegación del Gobierno de Canarias. El Gobierno ha confirmado que durante el pasado mes de marzo trasladó a la Península a 1.068 inmigrantes subsaharianos que habían llegado a las costas canarias durante la primera crisis de los cayucos, mientras que sólo repatrió a 200 a Mauritania.

Está de moda hablar de “crisis humanitarias”. Pero en este caso se trata sobre todo de una crisis de soberanía y seguridad nacional. La floja Europa actual tiene un bajo vientre más flojo todavía: España. Un país cuyo presidente de gobierno no cree en la nación, no cree en la soberanía nacional, afirma que las fronteras son artificiales y proclama que su patria es la poesía. Ya hemos visto lo que hace en Canarias, cuando sólo estamos en los inicios de lo que va a venir.

El continente africano se hunde en una espiral de desastres sin fondo. El crecimiento económico es negativo o deficitario en la mayoría de países. Las guerras civiles e interestatales son constantes y la corrupción, rampante. El crecimiento demográfico, sin freno. Las avalanchas de cayucos de hoy serán “grandes armadas” a la vuelta de los años. Como una de ellas logre poner pie en las Canarias en un corto periodo de tiempo, demos por perdidas las Canarias. Por no ir más arriba.

Esta dinámica invasora acabará siendo aprovechada por el islamismo militante, si no lo está siendo ya. La mayor parte de los subsaharianos que llegan (por no mencionar a los magrebíes) son musulmanes. Muchos de ellos nigerianos, país donde campa libremente el extremismo islámico violento. ¿Conocen las autoridades españolas la composición socio-cultural y religiosa de estos ilegales? Claro que sí. Pero el “diálogo de civilizaciones” no permite siquiera mencionar esta cuestión tan “impertinente”.

En este aspecto, el gobierno vive una situación de desbordamiento vecina con la parálisis. Tras anunciar en apenas un mes tres “planes” contra la inmigración ilegal, se empantana en continuas contradicciones. Rubalcaba dice, sin empacho, que a los socialistas españoles «nos va a tocar hacer estado» en África. Pero inmediatamente después, Alonso tacha de “colonialistas” las demandas, completamente razonables, de que la Armada defienda nuestras fronteras y escolte el regreso de los cayucos a sus puntos de partida. Al final, todos ellos mendigan ayuda a Europa para esos menesteres de patrullaje. Una ayuda que Europa prestará de mala gana y con cuentagotas.