Frente a la flagrante sedición del separatismo catalán, se especula si el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy contempla en su “aplomo, serenidad y proporcionalidad” la aplicación del artículo 155 de la Constitución del régimen del 78. Nadie plantea si recurrirá a alguno de los estados excepcionales previstos en esta Norma para la defensa del orden jurídico-político vigente y que, por una simple huelga de controladores aéreos, el gobierno del PSOE de entonces no tuvo empacho en aplastarla declarando el estado de alarma. Se baraja como lo más probable que emprenderá alguna actuación en el marco de Ley de Seguridad Nacional. O, quizá, alguna otra medida extraordinaria ante la gravedad de una situación que el mismo gobierno ha calificado de “golpe de Estado” de la Generalitat y el parlamento autonómico de Cataluña que, en abierta rebeldía, ha aprobado la Leyes de Referéndum y Transitoriedad y el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre para la independencia de Cataluña.

Tratándose de un “golpe de Estado”, algunos echarán de menos la alocución del rey Felipe VI posicionándose en momentos tan críticos y decisivos, al igual que hiciera su padre durante el 23-F. Pero hasta ahora, el símbolo de la unidad y continuidad del Estado no se ha pronunciado y permanece alejado de luces y cámaras.

En el marco actual, cualquier juez con jurisdicción podría considerarse competente para emprender acciones en defensa de la legalidad, cualquier servidor público estaría obligado a velar por ella. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están sujetos a este principio. Ya no se trata de declaración de intenciones de los separatistas, sino de actuaciones al margen de la ley y puramente delictivas. Al régimen le sobran los mecanismos e instrumentos legales para restablecer el ordenamiento violentado y hacer caer el peso de la ley sobre quienes, jalón tras jalón, continúan en esa ejecutoria de quebrantamiento.

Sin embargo, el Partido Nacional Republicano no clama por la acción enérgica del gobierno ni por el cumplimiento implacable de su propia legalidad a los poderes e instituciones del régimen. Más allá de esto, llamamos a la total erradicación del nacionalismo antiespañol y el separatismo que emana de este, tarea que no fiamos al régimen, sino que consideramos imposible bajo el mismo por ser inherente a su propia existencia la componenda con los nacionalismos periféricos.

El gobierno del PP hasta el día de hoy prosigue en su misma línea desde hace cinco años, entre a la inanidad y la connivencia con los insurrectos separatistas. Pese al dramatismo, solemnidad y grandilocuencia de sus declaraciones, por el momento, sólo han presentado los correspondientes recursos de constitucionalidad y la fiscalía apercibimientos y querellas dirigidos a quienes pudieran incurrir en alguna responsabilidad, incluido el Presidente de la Generalitat quien, por su cargo, es el máximo representante del Estado en Cataluña. Algo que, sin duda, no allana ni inquieta a quienes están conculcando la legalidad en vigor a las bravas y a cara descubierta. Muestra de la fútil actuación del gobierno y la fiscalía es el registro ordenado a la Guardia Civil de unos locales en los que se supone se imprimen las papeletas para el referéndum, cuando las mismas son imprimibles desde la propia web de la Generalitat. No ha mediado todavía clausura de la página, inhabilitación de responsables, disolución de ayuntamientos que han anunciado su colaboración con la consulta y aún con apercibimiento, la cadena pública catalana TV3 sigue emitiendo spots sobre la misma. Lo mismo que Junqueras, se pasea libremente por los platos de algún canal privado.

Desconocemos si habrá o, finalmente, no habrá referéndum como ha jurado y perjurado Rajoy quien, diciendo en su día lo propio, consintió el celebrado el 9-N de 2014. Ignoramos si se producirá detenciones y procesamientos, pero no hay lugar a dudas que es una oportunidad de oro del gobierno y todo el régimen 78 para desarticular la actual trama separatista de Cataluña. No obstante, por los cálculos de la formación en el gobierno, el PP, parece que sólo pretenden desalojar electoralmente al independentismo de Generalitat.

Pero que no haya equívocos, si tras el 1-O no hay independencia, el separatismo latente, el nacionalismo antiespañol, perdurará en Cataluña, y otras regiones, alentado y amparado por el propio régimen. Que nadie se lleve al engaño. La actual constitución del régimen del 78 inscribió en letras de oro el principio de las “nacionalidades”, concibiendo España como un conjunto de pueblos etno-lingüísticos con sus “hechos diferenciales” y “derechos históricos” enmarcados en Comunidades Autónomas. Fue el régimen del 78 el que orló al nacional-catolicismo catalán de rancio olor a monasterio y sacristía con los títulos de democrático y progresista y lo dotó de los instrumentos esenciales para su proceso de construcción nacional en Cataluña mediante la transferencia de competencias en materias fundamentales como educación, lengua, seguridad y un sinfín de ingentes recursos económicos. Fue este régimen el que celebró como “estadista” a su prohombre, el corrupto Pujol, quien nunca consideró a España como su nación, sino taimadamente como una “realidad entrañable” que debía reconocer su carácter plurinacional. Porque el nacionalismo catalán nunca ocultó que su meta era la soberanía de Cataluña. El catalanismo no se ha convertido de la noche a la mañana al soberanismo y luego al independentismo, sino que coherentemente se precipitan a la realización de su propia lógica.

El régimen es el que ha tolerado el incumplimiento sistemático de la ley en Cataluña durante decenios y el que ha permitido en los últimos años la escenificación del “procés” jaleado por la masa enardecida y encanallada de botigueros y charnegos venidos a más que, con aires de suficiencia, han creído ser quienes pagan la fiesta a los demás. Es el secesionismo de ricos envuelto en ínfulas de democracia y regeneracionismo chapoteando en el lodazal del 3%.

A la postre, el régimen del 78 ha fracasado en su relato del Estado Autonómico como panacea que colmaría las aspiraciones del nacionalismo periférico antiespañol definitivamente y, pese a sus denodados esfuerzos por embellecer al catalanismo, este ha mostrado, de una vez por todas, su verdadera faz separatista.

En paralelo a la rebelión institucional catalana, a rebufo de los separatistas, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, raudo, ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para constituir una comisión para el debate del futuro y modernización del modelo territorial o, dicho de otra manera, el primer paso para formular la reforma de la Constitución para alojar su “España plurinacional”, el estado federal asimétrico que postulan y que no es otra cosa que la confederación de naciones expañolas cuya aprobación significaría la liquidación de todos los resortes unitarios que todavía perduran y, por ello, el de la nación española, el pueblo español como sujeto soberano, reemplazado por las “naciones” que, según Sánchez son todas España, reedición de algo tan avanzado como las Españas de los Austrias pero, seguramente, con “derecho a decidir adosado con el imprescindible concurso de la entente Podemos-IU de Iglesias y Garzón al grito de “¡Visca Catalunya lliure i sobirana!”. Será esta la salida a la que, probablemente, se abocará el régimen en su estrepitoso fiasco autonómico pero no para arrumbar este modelo de descentralización política, sino para profundizar en la excentralización e imponernos nuestra disolución nacional con el pretexto de liberar tensiones y dar nuevamente cabida a todos, incluidos los separatistas.

No admitimos que el régimen con sus argumentos de leguleyos ni los separatistas con “su derecho a decidir” auxiliados por los empoderados podemitas den lecciones de democracia a los españoles. Ambos empujan la soberanía nacional-popular española al abismo: unos con su constitución monárquica, liberar-parlamentaria y autonómica, o confederal si la acaban reformando. Los otros con sus esteladas de resentimiento y chulería. Democracia no es un conjunto de normas y procedimientos ni el derecho a plantar una urna para proclamar la secesión. Democracia, entre otras cosas, es el ejercicio de soberanía que corresponde al Pueblo constituido en Nación. Y la única Nación existente es la española. Cualquier intentona de constituir otra nación en España o ceder al derecho de secesión es un crimen de lesa patria a costa de la soberanía de los españoles y contra ellos.

Emplazamos a nuestros compatriotas a luchar por la implantación en España de la República Unitaria, a resistir y defenestrar al régimen que ha acunado al separatismo y, especialmente, nos dirigimos a los españoles de Cataluña animándoles a auto-organizarse para boicotear de cualquier forma todas las actuaciones del independentismo.

¡Abajo el separatismo!
¡Abajo el Régimen!
¡Hacia la República Unitaria!
¡Viva España!