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El PNR y la República
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Nacionalismo republicano

El PNR hace suya la crítica democrática clásica al régimen monárquico. Éste entraña la negación de la igualdad político-jurídica de los ciudadanos y la confiscación de una porción, por pequeña que sea, de la soberanía nacional-popular que debe legitimar al poder político. Pero con esta simple afirmación, el PNR se limitaría a un postulado doctrinal abstracto.

El republicanismo del PNR se deriva de su carácter nacionalista español. Es la respuesta obligada de todo nacionalismo español consecuente ante las amenazas terribles y muy concretas que se ciernen sobre nuestra patria. El PNR estima que la permanencia de España sólo es posible mediante la apertura de un proceso constituyente que nos configure como República única e indivisible.

Es innegable a estas alturas la relación directa entre la monarquía juancarlista y el presente proceso de desintegración de España. En 1978, la monarquía nombrada por Franco obtuvo refugio constitucional a cambio, entre otras cosas, de conceder existencia oficial a unos marcos de gangrena separatista –las “nacionalidades–. Hoy, las “nacionalidades”, coordinadas por el PSOE, reclaman su reconocimiento como “comunidades nacionales”, con rango de “Estados”. Y no tardarán en hacer a la Corona una propuesta que creen, no sin fundamento, que aquella no podrá rechazar: su supervivencia en el marco de una “monarquía plurinacional”. Por todo ello, el PNR estima que el objetivo de la República española es una exigencia vital para la suerte de nuestra patria. Y lo esgrime en oposición a la defensa de la actual Constitución a cargo del PP, y en oposición al proyecto social-separatista de una confederación de clanes tribales vagamente sobrevolados por la dinastía borbónica.

Esta propuesta sólo puede esperar la oposición frontal de los “leales a la Corona”, rehenes de la causa monárquica, carentes de libertad de criterio. Se trata de un sector palmariamente antinacional, que pone al Rey por encima de España. Con todo, queremos recordarles que una inveterada forma de actuar borbónica ha sido la de tener por “seguros” a los leales y, por ello, arrogarse el real derecho de despreciarlos cuando convenga, para congraciarse con los díscolos y obtener su benevolencia.

Más importante es la consideración de los numerosos españoles que, sin profesar grandes convicciones monárquicas, se aferran a la esperanza de que la Corona detendrá, en última instancia, el curso disgregador, ejerciendo el papel de símbolo de la unidad y pervivencia de España que le atribuye la vigente Constitución. A estos españoles simplemente pedimos que observen la impavidez con que el actual jefe de Estado asiste a los discursos en los que Rodríguez Zapatero manifiesta que el concepto de Nación española es discutido y discutible, al asiento del actual gobierno de España en fuerzas que pactan con ETA el ámbito de sus asesinatos, a la elaboración de estatutos de autonomía dirigidos a fracturar la unidad de España, a la persecución de la lengua española en Cataluña y el País Vasco, o a políticas de traición nacional como el abandono de los saharahuis en manos de Marruecos o el otorgamiento de facto de la soberanía sobre Gibraltar a Inglaterra. A esa impavidez se suma el trato altamente efusivo con los enemigos jurados de nuestra patria. La reciente visita a un acto celebrado en Vitoria por la Federación Española de Municipios y Provincias comenzó con un caluroso abrazo del jefe de Estado a Ibarreche, autor de un plan que persigue perpetuar la exclusión y opresión de quienes en el País Vasco deciden seguir siendo españoles.

 

Republicanismo nacional

El PNR es el partido del nacionalismo español republicano. Pero añadimos que es, para ello, el partido del republicanismo nacional. Creemos necesaria una respuesta a los recelos que muchos españoles muestran hacia la idea de la república, identificándola con la desvertebración o incluso la desintegración secesionista. El PNR no afirma continuidad alguna con las anteriores experiencias republicanas. El federalismo de la I República abocó a una lastimosa explosión cantonalista. La II República, si bien sentaba bases unitarias, de “Estado integral”, fue el primer régimen constitucional que admitió en su seno unos cotos nacionalistas antiespañoles. Estos gobiernos “autónomos”, con muchas menos competencias que las comunidades autónomas actuales, no tardaron en lanzarse a la rebelión separatista abierta.

El PNR defiende la necesidad de una república unitaria, dotada de instituciones que organicen a la Nación española como un todo indiviso, que articulen a España como «comunidad de ciudadanos iguales en lo político-jurídico y en cuanto a condiciones sociales de desarrollo, por encima de peculiaridades lingüísticas, ideas religiosas o costumbres» (Programa del PNR). Estas peculiaridades no pueden servir de pretexto para la institucionalización de privilegios o “soberanías” territoriales ni de ningún otro signo.

 

La república como modo de vida global

La República no limita su alcance al reemplazo de un monarca por un presidente, aunque la englobe. La República (“res pública”: cosa pública) se identifica con una moral nacional asociada a una poderosa intención de comunidad, a la preeminencia de los intereses generales de la patria sobre los particulares, sectoriales o territoriales, de la “salud pública” sobre cualquier otra consideración.

El PNR recoge la vinculación, latente en diversos sectores de nuestro pueblo, entre república y defensa de los trabajadores. Como afirmaba J. Puig en estas mismas páginas, «la república necesita asentarse en el socialismo, entendido como escudo de la soberanía nacional frente a la penetración imperialista; como afirmación de los intereses de la Nación frente a toda pulsión individualista e insolidaria, y como sustancia efectiva de la igualdad ciudadana, que no puede reducirse a proclamas constitucionales. De acuerdo con nuestro Programa, ese nuevo socialismo supondrá la reorganización de la Nación española en torno al eje del Trabajo, en todas sus manifestaciones, considerado como servicio a la comunidad y como única fuente legítima de reconocimiento social».