“Paréntesis”, “reajuste de la construcción”, “desaceleración”, “aceleración de la desaceleración”: éstos son, entre otros, los diagnósticos falaces con los que el gobierno del PSOE ha tratado de ocultar una crisis que tiende a desembocar en combinación de estancamiento con inflación.

El crecimiento de los últimos trece años se ha basado en tipos de interés reales bajos; liquidez financiera internacional abundante –lo que ha permitido que la financiación exterior representase un 10 por ciento del PIB, auténtico récord mundial–; auge del ladrillo –la construcción supone el 18 por ciento del PIB, siendo la mitad la residencial, lo nunca visto–; astronómico endeudamiento público y privado; presión a la baja de los salarios reales por parte de una masiva mano de obra inmigrante…

Ese modelo albergaba en su seno las semillas de su desmoronamiento.

Una de ellas ha sido el encarecimiento de las hipotecas: el Euribor, la referencia de más del 90 por ciento de los préstamos hipotecarios en España, se ha disparado desde el 2,05 por ciento en marzo de 2004, hasta más del 5 por ciento en mayo de 2008. Otra, la elevación constante de la inflación, hasta alcanzar el 4,6 por ciento en la actalidad, el peor dato desde 1995.

Tras un periodo de euforia, vuelve la inevitable crisis de sobreproducción. La subida del precio del dinero, el alza de la inflación y el estancamiento de los salarios han comprimido el poder adquisitivo popular, frente a una oferta anárquica, encarecida por la voracidad de las inmobiliarias y constructoras, que se han hecho de oro en estos años con la ayuda de los concejales de Urbanismo y el apoyo de la banca, a costa de hipotecar la vida de millones de españoles, compelidos a pagar un piso prácticamente durante toda su vida laboral. El resultado ha sido el frenazo: más de un millón de pisos sin vender. Y a esta crisis de venta de inmuebles se ha sumado la crisis financiera internacional, que ha drenado la liquidez del sistema bancario español, vehículo mediante el cual las empresas y las familias se endeudaban para invertir o consumir el ahorro generado en otras partes del mundo. Y este aspecto de la crisis se ahonda con un drástico incremento de la morosidad crediticia y la morosidad empresarial (aumento de un 48 por ciento en el primer trimestre de 2008 respecto al primer trimestre de 2007, según los datos de Crédito y Caución).

El inicio del desplome del empleo en la construcción ha sido le manifestación inicial y más visible de colapso económico. Pero no se va reducir a este sector, ni se va a solventar en un plisplás. Esta subida del desempleo tiene un efecto directo e inmediato en la contracción del consumo en general, en el traslado de la crisis a otros sectores. Son buenas muestras de ello el derrumbe del comercio minorista o el Índice de Producción Industrial, que el pasado mes de marzo ha sufrido una caída del 13,3 por ciento con respecto al mismo mes de 2007.  Ni siquiera en la crisis económica de 1993 dicho indicador se redujo tanto en un solo mes.

Ante la realidad del rápido deterioro de la actividad económica general, el gobierno se ha limitado a sucesivas revisiones a la baja la tasa de crecimiento anual, desde el 3,3%, con que calculó los presupuestos, al 2,3% en abril. Sin embargo, según el Banco de España, en el primer trimestre de 2008, cuando la crisis no ha hecho más que empezar, la economía española ha crecido sólo un 0,4 por ciento, lo desmonta las previsiones del gobierno.

Sube sin cesar el paro. En el primer trimestre el desempleo ha aumentado en 246.000 personas, situando la tasa de paro en el 9,63 por ciento. Pero este dato debe relacionarse con otro aun más relevante: la capacidad de España para crear nuevos puestos de trabajo se ha congelado en el último año. La tasa de empleo interanual se situó en el 53,63 por ciento de la población española en edad de trabajar, esto es, el mismo porcentaje que en el primer trimestre de 2007, ya que no ha registrado aumento alguno. No se puede hablar de personas que demandan trabajo y no lo hallan, sino de que los puestos están desapareciendo.

En caso de mantenerse esta situación, a finales de 2008 podría registrarse un millón de desempleados nuevos (más de 3 millones frente a los 2,20 actuales).

Solbes se ha cansado de decir que, en la peor de las hipótesis,  la tasa de paro se movería entre el 9 y el 10 por ciento. Pues bien, sólo en el primer trimestre del año se ha situado ya en el 9,6 por ciento y esto sólo está en sus inicios.

Desde la óptica de los sectores sociales hegemónicos en nuestra sociedad, por cuya boca sólo habla el interés bancario y los beneficios del gran capital, se han cometido muchos “excesos”. Hay exceso de pisos, de empleos, de salarios, de “rigideces” en el mercado laboral, de impuestos sobre el capital, de gastos sociales. Según esa visión de las cosas, la crisis tiene un aspecto benéfico, pues debe servir para expiar los pecados de la desmesura, creando las condiciones de un relanzamiento de las tasas de beneficios. Estas condiciones incluyen, entre otros extremos, la extensión del paro y, bajo su impacto, nuevos impulsos de la moderación salarial, nuevas reducciones de la fiscalidad sobre las rentas del capital, así como sus cotizaciones a la seguridad social, “reformas de estructuras” que impongan por fin el despido gratuito, aumento de la degradación de los servicios públicos. Y, desde luego, el salvamento de los sectores financieros y empresariales actualmente en dificultades. Ningún gobierno del régimen actual, que en cualquier caso será un instrumento de la finanza y los oligopolios, puede ser otra cosa que un gobierno administrador de la “destrucción creativa” que exige el proceso capitalista en esta fase. Basta ver los “planes de choque” de Zapatero para hacer frente a la “desaceleración”.

El primer punto de tales planes ha sido la devolución de cuatrocientos euros a todos los contribuyentes (6.000 millones de euros), prometida durante la campaña electoral, y la eliminación del Impuesto de Patrimonio (1.800 millones de euros). El “cheque electoral” constituye una medida completamente regresiva, no sólo porque afecta a todos los contribuyentes, tanto a los que lo necesitan como a los que no, sino porque deja fuera precisamente a los que no son contribuyentes, es decir, a los que son tan pobres como para que ni siquiera tengan que tributar por el IRPF: los parados, la gran mayoría de los pensionistas y aquellos asalariados precarios y con retribuciones reducidas. Igualmente regresiva es la supresión del Impuesto de Patrimonio: destierra un gravamen que representa uno de los principales instrumentos de política redistributiva.

El gobierno habla también de “vigorosas políticas de empleo”. En realidad, se trata de políticas para ayudar a salir del bache a los responsables de la burbuja inmobiliaria. El liberalismo académico sostiene que la purga que impone la crisis debe ser efectuada por los “mecanismos automáticos” del sacrosanto mercado. Pero esto es una engañifa. El liberalismo real está por la privatización de los beneficios, pero cuando viene la crisis corre a imponer la socialización de las pérdidas, a cargo de los fondos públicos. Esta es una de las funciones del gobierno de Zapatero.

David Taguas, ex director de la Oficina Económica de Moncloa, protegerá los intereses de la patronal que agrupa a las grandes constructoras de España (Seopan) en pleno hundimiento de la industria del ladrillo. Ya ha dispuesto un paquete de medidas de apoyo a ese sector, entre las que se encuentran los préstamos blandos del Instituto de Crédito Oficial, para la conversión de viviendas invencidas en de viviendas de protección oficial y el aumento de gasto público en infraestructuras.

El problema es que las cuentas no salen para sufragar todos estos planes. En tres meses se ha gastado la mitad del superávit que según Zapatero permitiría superar la “desaceleración” La crisis ya está destruyendo empleo neto, con lo que ello supone: contracción acelerada del consumo y de la actividad económica y caída de la recaudación fiscal –empezando por el IVA– mientras, en cambio, ascienden los gastos sociales por desempleo. El continuo crecimiento del paro ha provocado que el gasto público en subsidios creciera en marzo en un 21,21 por ciento. Si se mantiene esta tónica, en diciembre España terminará con un aumento interanual de los subsidios del 70 por ciento. Esto es, casi mil millones de euros más que en diciembre del año pasado. En el conjunto del año, de hecho, el gasto en subsidios sería de 6.000 millones más que el año anterior.

Al previsible panorama de estancamiento se va a sumar la persistencia de la inflación –por factores internacionales como el alza del precio del petróleo y de materias primas y alimentos, amplificados por la estructura de nuestra economía– y un gigantesco incremento del déficit público.

¿Estamos en un atolladero? Mientras se mantenga el actual poder político siempre habrá una salida para los poderosos y los trabajadores pagaremos los “excesos”.

Ningún gobierno del actual régimen puede abrir perspectivas favorables a los trabajadores. A su servidumbre respecto del gran capital hay que añadir la carencia de instrumentos esenciales, por efecto de un vaciamiento doble. De un lado, camino de Bruselas o Fráncfort, sede ésta del Banco Central Europeo, paladín de los altos tipos de interés financiero. De otro, camino de las Comunidades Autónomas. Hoy el Estado central gestiona un escaso tercio del gasto público total y escasamente la mitad en inversión pública. Es ya el “Estado residual” del que habló Maragall.

Por otro lado, la subida internacional de los precios del petróleo y la de muchos alimentos básicos, como todos los cereales y los productos alimentarios que los utilizan, se abate sobre un país que, de acuerdo con los sermones ecólatras –y en beneficio de Francia, a la que compramos energía nuclear– ha desterrado esa energía entre nosotros y que, en aras de la “integración europea”, ha desmantelado su agricultura. En estas condiciones, la espiral inflacionista se refuerza y hace imparable..

Frente a los golpes cíclicos del Capital, sólo puede abrir un horizonte favorable a la inmensa mayoría de los españoles una república dispuesta a defender con uñas y dientes los intereses nacionales. En primer lugar, del timo la Eurolandia franco-alemana. Esto implica la cancelación de  todos los compromisos de disciplina monetaria, acuerdos de libre circulación de capitales y mercancías y aceptación de cupos de producción suscritos en beneficio de otras naciones. Una república unitaria, que desmantele el Estado de las Autonomías, y que sea portavoz del Trabajo, y no de la Usura, procediendo a la socialización del sistema financiero y unificando todas sus instituciones –incluidas las Cajas, hoy en manos de los reyezuelos autonómicos– en un Banco Nacional del Trabajo. Implica el despliegue de un Plan de Trabajo que incluya, entre otras orientaciones propuestas en el Programa del Partido Nacional Republicano, el máximo fomento tecnológico para un rápido rearme industrial y la modernización de la agricultura, cabaña y flota pesquera; la búsqueda de la suficiencia energética, con recurso a la energía nuclear en condiciones óptimas de seguridad y protección del medio ambiente; la efectiva garantía de trabajo para todos los españoles; la creación de una institución pública dotada de financiación y potestad expropiatoria que le permitan la adquisición masiva de suelo, para la construcción de viviendas de protección oficial; una fiscalidad basada en la imposición directa y progresiva; el fin de la tolerancia ante la inmigración ilegal y la limitación de la legal a contrataciones concretas.