Algunos autodenominados artistas han logrado que su sindicato se apropie de la recaudación de un impuesto, porque no otra cosa es el canon digital. Para ello se parapetan en la necesidad de combatir el pirateo y en una directriz de la Unión Europea que establece el deber de los Estados miembros de garantizar la propiedad intelectual. Pero esa directiva en momento alguno autoriza la imposición de un tributo indirecto sobre soportes cuya finalidad no es la reproducción de vídeos o canciones, aunque puedan ser utilizados para ello.

Peor que el pelotazo de la SGAE ha sido, sin embargo, el cinismo de Zapatero, al permitir que canon siguiese adelante. Después de calificar al Impuesto sobre el Patrimonio de “gravamen obsoleto”, ha presentado al canon digital como una figura innovadora: un impuesto indirecto, generalizado y preventivo, cuya recaudación se privatiza y se concede a un gremio de vividores. ¡Viva Zapatero el rojo!

Ha sido el socialista Carlos Castro, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta extremeña, quien ha denunciado con mayor contundencia ese atraco: «Visto lo visto, mereceríamos perder. Querer ganar el gobierno, sólo con el favor de una clase artística mediocre, que no sabe vivir sin las subvenciones y los diezmos, es una vergüenza. La gran mayoría estamos de espaldas a esos especuladores que se llaman progres y que mima esta izquierda mendicante de favores».

Por desgracia, quienes piensan como Castro en el PSOE no son la “gran mayoría”. Son versos sueltos, circundados por el silencio. En general, los socialistas están callados, conscientes de que la luz verde al canon digital es el pago de Zapatero al papel que en la agitación y propaganda durante las jornadas del 11-M desempeñaron esas “fuerzas del arte y la cultura”, papel para el que pueden volver a ser requeridos.