Un engendro anti-español

El nuevo estatuto de Cataluña es, en primer lugar, un estatuto anti-español. Lisa y llanamente supone un proyecto de constitución para un futuro estado independiente catalán. Pone a Cataluña a las puertas de la independencia, a la vez que pretende seguir chupando la sangre a los españoles durante un tiempo y utilizar la marca del “Estado” para maniobrar en Europa. Significa un golpe mortal contra la unidad e integridad de la Nación española, contra la soberanía del pueblo español y la igualdad entre los sus ciudadanos.

Conviene realizar una radiografía de ese estatuto.

Se trata de un estatuto del PRISOE. En su guión fue hace tiempo trazado por la mafia masónica de imperio prisaico. En su gestación, ha tenido como gerente y zurcidor a Rodríguez Zapatero, apoyado en la alianza con los separatistas y escombros del comunismo en Cataluña y fuera de ella. Y en su formulación final, pergeñada conjuntamente con CiU, ha recibido el sostén de un sector del empresariado y del clero catalán.

Este estatuto se inicia con la proclamación «Cataluña es una nación», fundada en las argumentaciones del nacionalismo étnico. Esta proclamación niega a España el carácter de Nación y la define chulescamente como un “Estado” (federal plurinacional, por más señas). Y puesto que la Nación española no existe, Cataluña sólo forma parte de una “Euro-región”. Se integra en la Unión Europea a través del “Estado”, no como parte de España.

Una vez consagrado el carácter de nación de Cataluña, el proyecto prevé el derecho de autodeterminación. El derecho de los catalanes a «determinar libremente su futuro como pueblo» y ello «sin ningún tipo de obstáculos».

Consecuentemente, el estatuto:

• Reclama un poder judicial propio, que servirá para asegurar la impunidad de la corrupción y latrocinios de los partidos de la “Casa Nostra” y perseguir a los españoles;

• Prevé una agencia tributaria con capacidad plena de recaudación y gestión y el derecho a fijar tipos impositivos y recaudar sus propios impuestos. Esto es, un atraco infame, pues el 70% de esa recaudación proviene de ventas realizadas en el resto de España;

• Establece que la contribución catalana a la hacienda española se someta a una negociación bilateral entre el “Estado” y la “nación catalana”;

• Se atribuye el derecho a fijar la cuota y procedencia de inmigrantes en su territorio;

• Consagra unas relaciones con el “Estado” de igual a igual, además de la posibilidad de mantener acuerdos internacionales propios;

• Después de entrar a saco en las competencias exclusivas del Estado, las blinda ante injerencia española, con lo que pretende una vuelta al esquema institucional anterior a las revoluciones liberales del siglo XIX y una resurrección de las aduanas internas;

• Da una vuelta de tuerca definitiva a una política lingüística que pretende erradicar el español de Cataluña, a la vez que imponer al resto de España el reconocimiento del catalán como lengua en la que los catalanes se pueden dirigir a cualquier administración.

Burla de la ley

Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, el “Estatut” es anticonstitucional, de la primera a la última letra, dado que, entre otras cosas, alza una constitución. Y por supuesto, no es una reforma, sino una suplantación de la constitución española de 1978, que Rodríguez Zapatero ha introducido de rondón, como mera reforma estatutaria.

El “Estatut” ha sido siempre una pieza esencial de la estrategia del PRISOE encaminada a sustituir la Nación española por una confederación de conglomerados étnico-lingüísticos. La “vía catalana” ha sido siempre el modelo ofrecido no sólo a los separatistas vascos, sino también al resto de “autonomías”, empezando por la andaluza y manchega y terminando con la gallega.

En la fase final del estatuto, Zapatero ha tenido que intervenir personalmente para salvarlo de las reyertas entre las pandillas catalanistas que amenazaban con sepultarlo. Ha debido traicionar las ínfulas que él mismo había propiciado en Maragall y Carod-Rovira. Pero lo que Zapatero ha traicionado por encima de todo es a España e incluso a la propia constitución que juró defender.

¿Y el rey? En su día aseguró a un líder separatista de ERC que «hablando se entiende la gente». Ahora sigue dándonos la matraca con su monocorde cantinela sobre la unidad de España. Quizá crea que su papel consiste básicamente en sonreir, lucir campechanía y recomendar el respeto a la Constitución. Si esto es así, y no le hacen caso, es evidente que la monarquía habrá fracasado. Además de ser una institución antidemocrática, aparecerá como un aparejo prescindible. Pero de modo más probable su ejecutoria es la exigida para encubrir con maquillaje y boato dinástico los cambios que llevan a la ruptura de España y asegurar así a la Corona un puesto honorífico en el futuro artefacto pluri-nacional que nos impone el PRISOE. Una trayectoria acomodaticia que ha permitido al Borbón transitar de una dictadura a una partitocracia autonómica avala esta consideración. Antes que sin trono, será preferible oficiar como reinona madre de la Commonwealth de puticlubs ex hispánicos confederados.

Los réditos del victimismo

Según Maragall, el estatuto ha sido la manifestación del hecho de que Cataluña «ya no puede ser más generosa». Pero si nos ceñimos al plano de la política, no hablemos de generosidad (ni de solidaridad). Es la justicia lo que se pone en primer plano. Nadie puede ni debe pedir a las regiones que sean generosas. En cambio, debe exigir que el Estado sea justo. Por ello le incumbe, entre otras muchas obligaciones, una intervención de redistribución de las rentas. Gracias a ella se fomenta la igualdad de oportunidades, sin la que la igualdad político-jurídica pierde gran parte de su contenido.

El Estado realiza esa intervención a través de dos vías. Una, los impuestos, un sistema fiscal progresivo: quien más gana, más paga. Otra, los gastos, favoreciendo a los ciudadanos con rentas más bajas.

Si, por término medio, los catalanes –y por delante de ellos, los madrileños y los baleares– aportan más que el resto de ciudadanos españoles a la hacienda pública, no es por su condición de madrileños, mallorquines, catalanes, etc. Es debido a que, también por término medio, gozan de superior renta per cápita. Y precisamente por disponer de una renta per cápita mayor es justo que reciban, siempre por término medio, menores prestaciones públicas.

Por otra parte, es falso que todo lo recaudado en Cataluña se derive de impuestos que recaen sobre los catalanes. Es clamoroso el ejemplo del IVA resultante de ventas que las empresas catalanas realizan en toda España. Así, Gas Natural, situada en la órbita del tripartido y de CiU, ingresa en la agencia tributaria de Barcelona el IVA soportado por todos los consumidores de su gas de toda España. Pero hay más ejemplos: La Caixa, que también es feudo de los padrinos separatistas, deposita en la citada agencia las retenciones de sus trabajadores en cualquier parte de España, al igual que las retenciones sobre las rentas de capital de todos sus clientes, incluidos los miles y miles que están fuera de Cataluña.

La envoltura ideológica del “Estatut” es moderna. Incluso se presenta como progresista. Pero, realmente, descansa en concepciones pertenecientes al mundo feudal. Evoca los forcejeos de los señores de horca y cuchillo para arrancar fueros y privilegios a los reyes. La única diferencia es que, ahora, en vez de invocar linajes dinásticos, se argumenta con “derechos históricos”.

Con todo, del fondo de esta negra historia, borbotean las aguas fecales y pestilentes de una trama del hampa.

Saqueo separatista de España

La burguesía catalana ha fracasado históricamente en todos sus intentos de erigirse hegemónica en España. Resentida, ha medrado durante más de un cuarto de siglo al amparo de una constitución que reconocía su “nacionalidad”. Durante ese periodo ha ido levantando su “oasis”. Hoy, gracias al “Estatut” de Rodríguez Zapatero, se dispone a enriquecerse sin límites: «el Estado español es residual en Cataluña» (P. Maragall). Para ello, Cataluña se conforma definitivamente como nación “identitaria”, enhebrada en torno al catalán como idioma obligatorio, con persecución del español y discriminación de los castellano-hablantes como ciudadanos de segunda. Impone además, la negación sistemática de libertades de expresión a quien se oponga a los designios de la oligarquía política que defiende sus intereses, un régimen de control inquisitorial en las administraciones públicas y de delación en los centros de enseñanza. Y para sostener económicamente al “oasis” se pone en práctica el proteccionismo y el atraco al resto del “Estado”, con fractura total de la igualdad ciudadana:

• Blindaje de competencias decisivas y bilateralidad en múltiples materias: “de tú a tú con Madrid”;

• Financiación pública privilegiada y garantizada por siete años para Cataluña, a costa de las inversiones en toda España. Será equivalente al peso económico de Cataluña en el PIB de España (18,5%). Criterio confederal en lo político y ultraliberal en lo económico;

• Supone el reconocimiento de la independencia de Cataluña en el ámbito de la inversión pública, abriendo una perspectiva de desaparición de proyectos de inversión nacional española por falta de recursos.

• Al mismo tiempo, compensación de una pretendida “deuda histórica”, cifrada en unos 3.000 millones de euros, que también deberá saldarse en los próximos años. Supone casi la mitad de las transferencias que Zapatero ha conseguido de la Unión Europea para toda España. No cabe mayor reconocimiento de Cataluña como nación y mayor expolio y provocación para el conjunto de los españoles. Pero, ¿quién ha cifrado la “deuda histórica” que ha implicado la explotación durante décadas de millones de de trabajadores andaluces, murcianos, aragoneses, castellanos, etc. en aras del beneficio de la burguesía catalana?

• Cesión fiscal del Estado que ascenderá al 50% del IRPF, al 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y carburantes). Y esto es sólo un adelanto. Esta cesta de impuestos se podrá revisar cada cinco años mediante acuerdos bilaterales, sin necesidad de nueva reforma estatutaria. Y en dos años, Agencia tributaria propia, con criterios monstruosos: se territorializan “nacionalmente” en Cataluña parte de un impuesto, el IRPF, que nos grava como ciudadanos españoles; se adjudica a Cataluña la mitad del IVA cobrado por la venta de productos catalanes que en su mayor parte tiene lugar fuera de Cataluña… Si estos criterios se generalizan, las regiones con menos recursos serán cada vez más pobres.

• A todo esto se han sumado los fallidos intentos de caza y captura de Endesa, para poner en manos de la Caixa –el próximo banco nacional de Cataluña– el control del sector energético español.

A partir de la aprobación del estatuto de Cataluña, cada día ha ganado terreno en el PP la posición favorable a una “reconsideración de la arquitectura territorial de España". Hasta hace poco eran solamente Ruiz-Gallardón y Piqué quienes la sostenían. Ahora empieza a extenderse a otros barones regionales del PP.