Si alguien se hacía alguna ilusión de que Rodríguez se iba a contentar con la imposición de una ley mordaza en Cataluña se habrá llevado un chasco. El Ministerio de Industria se ha erigido en organismo especializado en velar por el “pluralismo informativo”, las “libertades individuales y colectivas”, así como por la “información veraz” y acaba de anunciar mediante una filtración al órgano oficial de información del gobierno, un Consejo Audiovisual estatal que tendrá la potestad de decidir que medios dicen la verdad y cuales mienten, emulando el creado en Cataluña.

El Estatuto catalán no es una simple constitución para esa supuesta “histórica nación” llamada Cataluña. Es también el germen del modelo de policía política global que quiere imponer Rodríguez a todos los españoles. En otras palabras, el Estatut lo es de Rodríguez por partida doble: porque sin Rodríguez no estaría en el Congreso español, y porque refleja el proyecto de Rodríguez para reventar España. El CAC y el consejo audiovisual estatal son los instrumentos necesarios para convertir el vigente Estado de las autonomías en un reino de taifas donde los reyezuelos locales se encargarán de comprar y liquidar al disidente, y lo que queda del poder central garantizará que nadie se moverá nunca, jamás.

No sólo el Consejo Audiovisual Catalán (CAC) tendrá capacidad para cerrar y suspender emisiones. Algunas de las competencias que Montilla pretende otorgar al  órgano regulador central engloban el millón de euros de multa al que se pueden enfrentar los medios en caso de incurrir en faltas muy graves, el pantallazo en negro al programa o canal de televisión que de igual manera cometa estas infracciones y, finalmente, se podrá llegar a la revocación de la licencia del medio para emitir aunque, a diferencia del consejo catalán, no tendrá potestad para adjudicarlas.

Las formas y maneras inquisitoriales de la Catalunya trionfant se extienden por mímesis y necesidad de control antidemocrático al modus operandi del gobierno de Rodríguez. Montilla, un burócrata socialista tocado por la corrupción y la evidencia de nepotismo, colocado en el gobierno para defender los intereses industriales de los oligarcas catalanes, se erige en Ministro de la Verdad y tiene la osadía de presentar una ley que va dirigida a la diana donde están colgadas todas las personas e instituciones que tengan la osadía de denunciar los desmanes socialistas.

Si bien se afirma que no impondrá censura previa, decidirá que medio dice la verdad y cuál miente y, en consecuencia, sancionará. De ésta aberración no hay precedentes en Europa, ya que la gran diferencia con instituciones equivalentes en otros países, es que allí aconsejan, pero no pueden decidir el cierre de un medio. Para eso está la justicia.

En nuestro país, han decidido suplantar a la justicia.

La libertad de expresión en nuestra legislación se encuentra consagrada en la Constitución y, como todas las libertades fundamentales, sólo puede regularse mediante una ley orgánica. La libertad de expresión, como todo derecho está acotado por unos límites: las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas en la extralimitación del derecho a la libertad de expresión, se encuentran recogidas en el vigente Código Penal, en el capítulo relativo a los delitos contra el honor, que comprenden la calumnia y la injuria. En lo que respecta a  la calificación de la veracidad de la información, y consecuentemente su apreciación como incumplimiento y, por tanto, su calificación como delito, corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia, y en última instancia al Tribunal Supremo, y, subsidiariamente, al Tribunal Constitucional caso de apreciarse un supuesto de inconstitucionalidad. Si se atenta a la libertad de expresión, se atenta contra el art. 20 de la vigente Constitución.

Rodríguez y sus mariachis separatistas se pasan todo el sistema judicial por el arco de triunfo,  jaleados  por el progresismo izquierdista  erigido en policía anticrispación.

La explicación es muy clara. Ya el PSOE de Felipe González experimentó en propias carnes la fuerza de unos medios de comunicación críticos. Nadie ignora que si perdió el poder, fue debido a que sus corrupciones, crímenes y abusos fueron conocidos gracias a algunos sectores de la prensa no sometidos a su dominio. El socialismo español no ha olvidado aquella lección y ahora pretende amordazar a la los medios críticos. El anunciado Consejo Audiovisual Estatal con capacidad de control sobre los contenidos de los medios, no es más que un intento de censura, de control, un intento de hacer callar a quien molesta, un intento de que el adversario ideológico juegue atado de pies y manos, para que pierda siempre la partida. Es un atentado contra la libertad y la democracia.

Estos Consejos Audiovisuales de la ignominia  deben ser denunciados como un arma poderosa  en  manos de Rodríguez y sus socios separatistas, justo en el momento en que planean liquidar España de forma antidemocrática: su principal finalidad es apagar cualquier foco de resistencia,  siempre tildado de incendiario.

¡Por la libertad de expresión en España!