La economía española se situó en las pasadas semanas al borde del abismo. La Bolsa se hundía un 15% en pocos días, el interés exigido para comprar deuda pública española subía (hasta el 4,4% para el bono a 10 años, frente al 2,77% del alemán) y, los mercados financieros amenazaban con secarse para la deuda pública y la de los bancos y las empresas españolas. De hecho, entre el 3 y el 7 de mayo, no fue posible colocar deuda española pública o privada al 18% de interés.
La UE y el FMI se han atemorizado ante la posibilidad de que España llegase en plazos más breves de los previstos a la situación griega. De hecho, la reunión del ECOFIN del día 9 significó dar a España por ya quebrada. Así lo pone de manifiesto la provisión de un plan de rescate de 750.000 millones de euros, que excede las necesidades de Grecia y Portugal.
Se trata de un plan de rescate preventivo, en varias fases, acordado por la UE y el FMI. Obama, en representación del 18% de los fondos aportados por USA al FMI, ha intervenido activamente para poner firmes a Zapatero.
La zanahoria
Exhibido a bombo y platillo el montante del rescate para «tranquilizar a los mercados», se han dado instrucciones al Banco Central Europeo para que siga comprando deuda pública española y portuguesa. Por otro lado –y casi nadie habla de esto– Trichet ha abierto una nueva ronda de barra libre a los bancos, que le permitirá atrasar seis meses el abono de los vencimientos de deuda que encaran a corto plazo. Con esta inyección extraordinaria, los bancos harán lo que han estado haciendo hasta el momento: refinanciarse y comprar deuda pública. Ni un duro a familias y pymes.
El palo
Por otro lado, Merkel y Obama han impuesto a Zapatero una aceleración de las medidas a las que ya estaba emplazando desde febrero pasado, pero a las que retrasaba por razones electorales. Estas medidas suponen un vuelco demoledor del fardo de la crisis sobre el pueblo trabajador español, al que se convierte en responsable de la catástrofe económica. Todo ello con el fin de que los bancos españoles y la finanza centro-europea puedan, respectivamente, enjugar sus deudas y recuperar sus préstamos.
- Reducir el sueldo el 5% en 2010 a los funcionarios y su congelación en 2011.
- Congelar las pensiones en 2011.
- Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial
- Eliminar la ayuda por nacimiento de 2.500 euros desde enero de 2011
- Reducir el gasto farmacéutico.
- Reducir los gastos por prestaciones de dependencia.
- Reducir en 6.045 millones la inversión pública estatal en 2010 y 2011.
Con estas medidas se trata de reducir el déficit público en 15.000 millones en los dos años próximos, mero chocolate del loro puesto que, en cifras oficiales, el déficit alcanzó cifras superiores a los 100.000 millones en 2009 y ahora debe rozar los 160.000 millones. Sin embargo, esos recortes darán un nuevo impulso al hundimiento del consumo, la producción y el empleo.
Por otra parte, el zapatazo es sólo el comienzo de ataques de mayor envergadura. Luego vendrá la congelación de los trabajadores del sector privado, abaratamientos radicales del despido, el co-pago en la sanidad y educación, el incremento de impuestos indirectos, la liquidación del sistema público de pensiones y la privatización de lo que aún pueda privatizarse.
Dos problemas fundamentales
El centrar la atención sobre el déficit público es una clásica triquiñuela liberal para ocultar que es una simple consecuencia de la crisis del capitalismo español y del repugnante parasitismo de su régimen juancarlista.
Nuestro principal problema es la monstruosa magnitud de la deuda privada, ante todo de los bancos y cajas, que se hallan semi-quebrados, y han precipitado en la parálisis a la economía en general. Parte importante del incremento del déficit público se debe, precisamente, a las medidas de salvamento del sistema financiero y de otros sectores del gran capital en crisis, como el automóvil, y a la necesidad de sufragar el aumento de los gastos sociales –desempleo– que esa crisis ha precipitado. Otra componente del ascenso del déficit se deriva de otro de nuestros grandes problemas: la financiación del sistema autonómico y de los increíbles costos de la partitocracia y clientelas del régimen.
Un mero protectorado y sus títeres
El Partido Nacional Republicano viene insistiendo en que ya no puede hablarse de Nación española en sentido estricto. Con los últimos acontecimientos desaparecen incluso las últimas apariencias de soberanía nacional.
En los años 80, la UE aprovechó las necesidades de legitimación política del juancarlismo para absorbernos, desmantelar gran parte del tejido industrial, agricultura, ganadería, pesca, etc., y con el acceso al euro privó al Estado español de las potestades económicas básicas para el ejercicio de la soberanía nacional. Ahora hemos terminado convirtiéndonos en un mero protectorado, cuya gestión ordinaria se someterá a periódicas evaluaciones de los eurócratas y del FMI. Zapatero, enemigo jurado de la Nación española, se congratula de que por fin se ha instalado la «gobernanza europea». Zapatero, al igual que Rajoy, al que ha dejado sin programa, es simplemente un limpiabotas del capital financiero.
En España mandan hoy Merkel y Obama, en respaldo de nuestros banqueros y oligopolios y del régimen que los sostiene, agravando la crisis con su tremendo parasitismo.
Los sindicatos del régimen
Frente a esta situación y el clamor de indignación que ha provocado, los sindicatos subvencionados han tenido que convocar una protesta contra la reducción del sueldo en 2010 a los funcionarios y su congelación en 2011. Pero cuando hace pocas semanas apoyaban la huelga general griega, ahora limitan la convocatoria a un sector y a una jornada. Con ello pretenden canalizar y neutralizar la indignación de grandes sectores laboriosos y molestar lo menos posible a Zapatero, del que son puros paniaguados.
La táctica del Partido Nacional Republicano
En la línea estratégica y táctica general aprobada en la última Conferencia del PNR se afirma que el Partido «tiene que pronunciarse sobre los movimientos de masas que se producen de hecho, sean a partir de los centros de trabajo o de estudio, o bien se trate de movilizaciones directamente políticas, por las libertades, contra el terrorismo, etc. Ello hace imprescindible asumir las exigencias positivas de esos movimientos, desaconsejar sus falsas salidas y, en todo caso, sugerir las soluciones de fondo que implica su futuro (...) Esta agitación debe estar penetrada por un sentimiento de oposición frontal al sistema, desechando toda consideración acerca de su compatibilidad con la pervivencia del mismo. Si la España del Trabajo quiere vivir, el capitalismo deberá morir y, en esa dirección, la monarquía de los banqueros tendrá que ser derrocada».