En la reciente concentración organizada por la jerarquía católica en defensa de la familia cristiana, se oyó la voz de un obispo denunciar «el creciente laicismo que anula la democracia». Se trata de una denuncia a todas luces ininteligible, dado que en España no existe ninguna democracia, entre otras razones por la ausencia de laicidad del Estado.

Es evidente que en España ya no padecemos un Estado confesional como lo fuera el del nacional-catolicismo franquista. Pero tampoco disfrutamos de un Estado laico que sea merecedor de este nombre. Se trata de híbrido de liberalismo y mantenimiento de privilegios eclesiales en todos los planos: simbólico, ausencia de sometimiento al derecho común, financiación, enseñanza… Estos privilegios se suman a las reliquias que representan la institución monárquica o los arcaicos foralismos de ciertas regiones. En el marco de la monarquía juancarlista, la iglesia católica ocupa una posición para-estatal. Ciertamente, no es la única en gozar de este estatus. La realidad es que tenemos partidos políticos dinásticos, burocracias sindicales dinásticas y funcionarios eclesiales dinásticos, todos ellos viviendo a expensas de los presupuestos generales del Estado.

En este marco, sectores de la jerarquía eclesiástica, hoy dominantes, se entregan a campañas victimistas con el fin de camuflar su envidiable situación y de dar pábulo a las nostalgias nacional-católicas. Por parte del gobierno, Zapatero da rienda suelta a la fraseología de los masoncetes que pululan en las filas del PSOE –aunque sólo en ellas– y tolera cierto anticlericalismo primario, con el fin de oscurecer que es su gobierno quien más ha reforzado los privilegios eclesiales. Una nota de El País, del 27-11-07. reproducida por el boletín La Excepción, ilustra la situación:

«El Gobierno adelantará en 2008 a la Conferencia Episcopal 153 millones de euros para financiar las 69 diócesis y 22.700 parroquias de la Iglesia romana en España. Lo anunció ayer el vicesecretario de Asuntos Económicos episcopales, Fernando Giménez Barriocanal. Es parte de una campaña en la que los obispos publicitan el nuevo sistema de financiación pactado con los socialistas. Este fin de semana el Gobierno comprobó en Roma que los acuerdos económicos no suelen aplacar las críticas episcopales en materia doctrinal.

La campaña de los obispos se llama Xtantos (www.portantos.es) y es una explicación de los mecanismos de los que se sirve el catolicismo español para sostenerse. Supone, además, una exaltación del acuerdo sobre la financiación estatal que reciben mediante la X que los contribuyentes pueden poner en el impreso de su declaración (IRPF).

El nuevo acuerdo incrementa en un 34% la asignación tributaria de las personas que pongan esa X –hasta ahora el 0,52%; el 0,70% a partir de este año–. Además, asume la renuncia de los prelados a autofinanciarse algún día, logrando de este Gobierno lo que los anteriores –de UCD, PSOE y PP– no quisieron concede a la Conferencia Episcopal.

También tienen los obispos el compromiso de los socialistas de renunciar a cambio alguno en los Acuerdos firmados en Roma en 1979. José Luis Rodríguez Zapatero lo reiteró el domingo en un mitin en Fuenlabrada (Madrid). Algunos de los asistentes le reclamaron a gritos: «Concordato, revisar el Concordato», y el presidente replicó con una sonrisa: «Dejemos temas tan complejos» (…).»