Desde hace casi tres décadas, la sociedad viene experimentando grandes cambios, que han puesto en evidencia el carácter anquilosado de las estructuras administrativas, de todas ellas, incluidas las de seguridad.

A la hora de afrontar la reforma necesaria de esas estructuras, los distintos gobiernos, tanto los del PSOE como los del PP, han echado mano del recurso liberal de la laboralización y la privatización, todo ello en medio de agudas contradicciones.

Desde comienzos de los años 80, grandes masas de trabajadores laborales ingresan en las estructuras de la Administración General del Estado, luego en la Administración local y finalmente en la Autonómica. Pero cuando ese proceso de laboralización alcanzaba altas cotas, se dictaron leyes para todos esos sectores que imponían que la condición general de desempeño en los mismos debía ser la de funcionario. Esas normas, respaldadas con sonadas sentencias del Tribunal Constitucional, fueron particularmente estrictas para todos los casos en que el puesto implicase “ejercicio de autoridad”. Y se incluía en tales supuestos la imposición de disciplina administrativa, las inspecciones de todo tipo (urbanísticas, medio-ambientales, sanitarias, etc.), la función tributaria, etc. ¡Hasta los notificadores municipales, no por el “ejercicio de autoridad”, sino por su implicación de “fé pública”, de la que también participan las funciones policiales! Como consecuencia de esta contramarcha tuvieron que abrirse amplísimos procesos de funcionarización. Pero, paralelamente, en el colmo de los dislates, en otros campos muy sensibles de la Administración, como es el de la seguridad, se mantuvo la puerta abierta a los avances de la privatización.

En mi opinión, mientras nos mantengamos dentro del modelo europeo y democrático de Administración continental, y no se imponga el modelo liberal anglosajón privatista hasta sus últimas consecuencias, todas las funciones de la seguridad implican ejercicio de autoridad –y fe pública en el acto de denuncia– y sólo deberían ser ejercitadas por agentes de la autoridad, con calidad de funcionarios. El Partido Nacional Republicano debería defender, como modelo de seguridad de la república por la que lucha, un modelo de seguridad exclusivamente público, descartando a la empresa privada de ese ámbito.

Lo anterior no significa desconocer que en el mundo de la seguridad privada hay profesionales con muchos años de experiencia y una preparación similar (y en algunos casos superior) a la de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Lógicamente, habría que evitar que todo este potencial se perdiese, por lo que sería preciso encuadrarlo dentro de proyecto de seguridad pública. A ello debería llegarse a través de procesos de funcionarización como los que, con un grado de justificación mucho menor, se han producido en las Administraciones antes mencionadas, tomando en consideración titulaciones, años de servicio, méritos, etc. para conseguir homologaciones correctas. A la vez, hay sectores enteros de las actuales administraciones que están de más y sus puestos deberían ser reconvertidos para otras funciones y declarados “a extinguir”. 

Naturalmente, mientras no llegue a ese modelo, la seguridad privada debería seguir luchando por sus derechos.

Otra cosa es dilucidar qué Cuerpos y Fuerzas creemos que son los necesarios. De modo escueto, cabe apuntar la siguiente propuesta:

1. Eliminación de las "policías autonómicas" (ertzainas, mossos, policias forales, Bescam, etc.).
2. Unificación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en un solo cuerpo desmilitarizado. Hay muchas razones que justifican esta medida, siendo una de ellas el endémico problema de la coordinación entre cuerpos y fuerzas con dependencias, estructuras y culturas radicalmente distintas.
3. Supresión de las policías locales tal como las conocemos, y creación de una “policía comarcal”, con un ámbito de actuación mayor, siempre acorde con el número de habitantes y las necesidades existentes. Esta policía comarcal estaría exenta de funciones administrativas, y se dedicaría exclusivamente a labores operativas y de prevención.
4. Una mayor y mejor preparación en los centros y academias donde se formaran los futuros agentes de la nueva república. La actual preparación de nuestras fuerzas de seguridad es, por lo general, manifiestamente mejorable. El plan de estudios debería ser equivalente a una diplomatura universitaria (tres años).
5. Promoción por méritos y evaluación del desempeño y no por politiqueo, enchufismo, nepotismo y amiguismo.
6. Dotación de medios modernos y dignos para realizar su trabajo.