Difícilmente se hallarán argumentos de peso que justifiquen la opción entre el voto al PSOE o al PP. Son matices de lo mismo: el voto al régimen juancarlista. Ningún gobierno de este régimen puede hacer otra cosa que sostener la podrida institución monárquica, proseguir la balcanización de España y la persecución de nuestra lengua común, avanzar en la anulación de nuestras libertades, someternos a las sentencias de jueces dependientes de los partidos y descargar las crisis capitalistas sobre los trabajadores. Tanto más cuando de las elecciones del 9 de marzo sólo pueden surgir un gobierno del PSOE apoyado por separatistas, o un gobierno del PP apoyado por separatistas.

Los hechos son claros: se nos convoca elegir principalmente entre dos fracciones del partido único de régimen, enzarzadas desde luego en agria concurrencia por las prebendas del poder, pero unidas por unos consensos básicos. 

PRIMERO. De acuerdo con lo previsto por los “autores intelectuales” del 11-M, desconocidos para el juez Bermúdez, Zapatero se encaramó en el gobierno. El PP, tras intentar primero arrimar el ascua a su sardina, culpando sin pruebas serias a ETA, terminó aceptando la otra patraña, la de autoría islamista, urdida por los golpistas, e incluso se avino a “cerrar el tema” con ellos mediante los “suicidios” de Leganés.

SEGUNDO. Zapatero, una vez en el gobierno, se dispuso a cumplir el encargo que los grandes poderes le habían encomendado: una reforma subrepticia del actual marco constitucional que reemplazase la unidad de la Nación española por una confederación de “naciones” étnicas. Las modificaciones estatutarias se orquestaron en esa dirección. El PP alzó su protesta, recogió millones de firmas contra el estatuto de Cataluña…y a continuación se zambulló en la “hoja de ruta” zapaterina, apoyando la “realidad nacional andaluza” y aprobando el estatuto valenciano. Este último no proclamaba abiertamente "nación" a Valencia, pero la implica forzosamente, pues suponía una significativa privación de sustancia política, esto es, de poder y soberanía, a la nación española.

TERCERO. Paralelamente, Zapatero desplegó un “proceso de paz” con ETA (y de guerra contra las victimas del terrorismo). El PP se limitó a mendigar la vuelta al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, aun a sabiendas de que Zapatero, que fue quien lo propuso, lo hizo para ocultar que ya había comenzado su contubernio con ETA. Y que en dicho pacto se prevén beneficios penitenciarios para los terroristas que repudien la violencia. Tras el atentado de Barajas, en diciembre de 2006, Zapatero se vio cada vez más forzado, para no perder votos, a fingir firmeza contra ETA, aunque siguió manteniendo expectativas de negociación con ella y ha considerado un “encuentro fortuito” el reciente asesinato de dos guardias civiles desarmados. Ante ese giro “patriótico”, y bajo las presiones del rey en pro del “consenso anti-terrorista”, el PP ha tendido la mano al gobierno y se halla dispuesto a “derrotar a ETA” junto con Zapatero, Rubalcaba y Pepiño Blanco, sin ninguna condición previa.

CUARTO. El juez Gómez Bermúdez dicta una sentencia sobre el 11-M que considera “hechos probados” la mayoría de mentiras de la versión del PSOE. El PP acata esta sentencia de “punto final” y llama a girar página en torno al asunto.

QUINTO. Zapatero ordenó la retirada de tropas de Iraq por motivos puramente electorales, pues a continuación reforzó nuestra presencia en Afganistán. A ello sumó el envío de contingentes a Sarajevo (Bosnia), Marjayún (Líbano), Istok (Kosovo), Manas (Kirguistán) y República Democrática del Congo. Todas esas iniciativas, obedientes a los designios de las grandes potencias y completamente ajenas a nuestros intereses nacionales, han contado con el apoyo entusiasta de Rajoy. Lo mismo ha sucedido con el apoyo al sí en el referéndum sobre la Constitución de la Eurolandia de los monopolios.

SEXTO. Zapatero ha llevado adelante una política económica basada en el ladrillo y el consumo privado,  brutal endeudamiento familiar, precariedad laboral, estancamiento de los salarios que, junto con el resto de condiciones de trabajo han sido presionados a la baja por la entrada masiva de inmigrantes, y crecimiento de las desigualdades sociales. Frente a esta política, que hoy desemboca en el auge del paro y de la inflación y en un colosal déficit exterior, el PP no tiene nada serio que decir pues es, precisamente, la política que inauguró Aznar.  Sólo le resta mostrar alborozo cuando Zapatero acentúa el carácter regresivo de nuestro sistema fiscal suprimiendo el impuesto de Patrimonio.

No hay, por tanto, motivos para votar a favor de ningún gobierno del juancarlismo. Existen en cambio cada vez más motivos para derrocar a ese régimen antinacional, antidemocrático y antisocial. ¿En nombre de qué? Lo ha dicho Esperanza Aguirre: en nombre de “la Nación española de hombres libres e iguales”. Pero aclaramos a la Sra. Aguirre que esto sólo puede ser la república española única e indivisible. Y que sólo hay un camino hacia esa meta: el de las movilizaciones populares, situándolas a un nivel superior a las desarrolladas en los últimos años y, sobre todo, depurándolas de los engaños constitucionalistas del 78.

Ello implica un esfuerzo de deslegitimación del todos los partidos del régimen, y las elecciones del 9 de marzo pueden ser excelente ocasión para ello.  El voto en blanco es el instrumento adecuado. Es la forma política activa de oponer la ruptura democrática al consenso de la partitocracia coronada. 

Al llamar a votar en blanco en las elecciones generales y andaluzas del 9 de marzo, el Partido Nacional Republicano no desea sembrar falsas ilusiones. El incremento de los votos en blanco –que en los últimos comicios municipales han sumado cuatrocientos mil y pico– no va a resolver de inmediato la crisis nacional global que padecemos. Pero sí facilitará el agrupamiento de las fuerzas que pueden comenzar a resolver esa crisis frente a cualquier gobierno que salga de las urnas del 9 de marzo.